La “veda electoral”, también conocida como “periodo de reflexión”, implica fundamentalmente tres cosas: partidos y candidatos suspenden todo tipo de proselitismo –actos de campaña con o sin presencia de candidatos, llamados al voto desde los institutos políticos, divulgación de propaganda electoral, etc.–, se prohíbe la publicación de encuestas o sondeos que refieran a las inclinaciones electorales de la ciudadanía, y se restringe la publicidad oficial del gobierno federal y de los gobiernos estatales con comicios. Sin embargo, los dos primeros puntos –los de un corte político-electoral más directo– se sostienen en alfileres en términos de aplicación a la realidad democrática.

 

 

Según una de las últimas encuestas que se publicaron antes del “periodo de reflexión” –la de El Universal sobre el Estado de México, el pasado miércoles 31–, estos últimos días aún pueden ser decisivos para el votante mexiquense. Ante la pregunta: “¿Está usted seguro de votar por el partido y candidato que acaba de elegir o cree que todavía podría cambiar su voto a otro partido o candidato?”, el 52.8 % dijo sí estar seguro; el 30.2 % respondió que aún podría cambiar su decisión, y el 17.0 % no contestó.

 

 

El levantamiento de dicho ejercicio se dio entre el 26 y el 29 de mayo; en otras palabras, en los nueve días antes de la votación una tercera parte de los encuestados declaró que su voto todavía podía cambiar. Aquí es donde la “veda” empieza a perder su lógica: aún teniendo este porcentaje de volatilidad, la ley obliga a recortar casi cuatro días de contrastes y propuestas. Esta supresión un tanto arbitraria de los tiempos destinados a la política no parece fortalecer la toma de decisión del ciudadano, sino todo lo contrario.

 

 

Por otro lado, hay dos argumentos a favor de la “veda” que me parecen sensatos pero refutables. El primero implica que ésta ayuda a que, próxima la jornada electoral, se “libere presión” entre las facciones para evitar así conflictos o incidentes días antes de la visita a las urnas. Y el segundo se refiere a las encuestas: el razonamiento es que la publicación de éstas, si fuese con el objeto de desinformar o desincentivar a un sector del electorado, podría alterar en un último momento los resultados de una manera, digamos, “artificial”.

 

 

El primer argumento no se sostiene empíricamente. Desde que somos una democracia, se han dado jornadas pacíficas, tensas o abiertamente violentas. La correlación parece estar más en las mentes de las autoridades electorales que allá fuera, porque en realidad el “periodo de reflexión” no suprime la tensión; ésta, incluso, depende más de la seguridad pública en general que de militantes en las calles ejerciendo sus derechos. Quien busque alterar el orden o generar un incidente lo hará con o sin “veda”. Esto solo es sacar de la plaza pública a las personas durante un proceso que supuestamente les pertenece.

 

 

El argumento de la no publicación de encuestas también es endeble. Durante toda la campaña el votante es bombardeado por encuestas reales –con el objeto de informar las tendencias– y falsas –con la intención de inhibir o inclinar el voto–; más aún en los tiempos de las redes sociales. Prohibirlas solo le da más peso a las últimas que se publican antes del inicio de la “veda”, desbalanceando la percepción del electorado. Toda la comentocracia esperó las encuestas del Reforma y El Universal el miércoles pasado porque se sabía que serían las últimas “serias” en publicarse. ¿Esto es bueno o malo? El solo tener que hacerse la pregunta nulifica la necesidad de la medida, ya que en un supuesto de réplica entre encuestadoras sería contra la ley publicar una rebatiendo estos últimos resultados.

 

 

La política necesita su tiempo. Cortarlo por mera apreciación y no desde la realidad implica suprimir derechos políticos de la ciudadanía y cuartear la libertad de expresión. Para todos los supuestos efectos benéficos –evitar incidentes, no usar encuestas con mala fe, y fomentar una votación copiosa–, la “veda” no tiene porque durar más de 24 horas. Lo que nosotros hacemos es castrar a la política innecesariamente.

 

 

@AlonsoTamez