En las relaciones bilaterales de México con Estados Unidos, el litigio por el terreno donde la empresa Sempra tiene su planta en Ensenada, Baja California, es el problema más grave entre las dos naciones. Para Estados Unidos, Sempra, que abastece de gas natural a toda la costa oeste de ese país, que incluye a California, la octava economía del mundo, es un asunto de seguridad nacional, por lo que tienen bajo investigación a José Susumo Azano Matsura, a quien ven como el factor de ese riesgo.
Azano Matsura, empresario originario de Guadalajara, entró a ser proveedor de gobiernos panistas de la mano de Francisco Ramírez Acuña, a quien conocía de sus tiempos como gobernador de Jalisco, donde un primo de él, Abraham González, colaboró con él y prestó el rancho donde Felipe Calderón anunció su deseo de buscar la candidatura presidencial. Al iniciar su gobierno fue nombrado subsecretario de Gobernación.
En 12 años, el empresario se convirtió en el principal proveedor de equipo de comunicación y espionaje de la Secretaría de la Defensa Nacional, a la que le construyó un comando de inteligencia en el Campo Militar Número Uno, similar a Plataforma México. Las ventas de esos equipos de disrupción de celulares fueron enmarcadas en actos de corrupción por funcionarios del gobierno de Estados Unidos en una investigación que publicó recientemente el diario The New York Times sobre el general Moisés García Ochoa, quien era en ese entonces el director de Administración que firmaba esas adquisiciones.
Azano Matsura no fue mencionado directamente en esa investigación, pero fue él quien vendió esos equipos. Su papel central en el caso de Sempra es porque financia a Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, quien alega que una parte de los terrenos donde la principal empresa de gas natural de Estados Unidos y abastecedora en todo el noroeste de México de la CFE construyó su planta en Ensenada, son de él.
Los recursos que inyecta y las conexiones políticas que mueve el empresario en México y Estados Unidos despertaron la preocupación en Washington por la dualidad de buscar que Sempra parara sus operaciones en Ensenada y de mantener amplias relaciones con países del Medio Oriente.
El nombre de Azano Matsura fue mencionado por primera vez a los mexicanos el año pasado.
Por un lado, al ex presidente Calderón en sus reuniones privadas con el presidente Barack Obama, quien había sido alertado por la secretaria de Estado, Hillary Clinton, de los riesgos en que se encontraba la economía de la costa oeste y la empresa estadounidense por los recursos que había inyectado este empresario al caso.
Por el otro, durante la campaña presidencial, varios miembros del equipo de Enrique Peña Nieto fueron informados de que el empresario se había convertido en un riesgo para las relaciones bilaterales y que el caso de Sempra era un asunto de seguridad nacional.
El propio Calderón, durante la reunión de su gabinete con el equipo de transición en Los Pinos, cuando hablaron de la relación bilateral, colocó a Sempra en el lugar número uno del mapa de riesgos, seguido del problema del tomate -que recién se resolvió- y el problema de la violencia en las ciudades fronterizas.
INSTALACIÓN ESTRATÉGICA
De acuerdo con fuentes de alto nivel consultadas por 24 HORAS en los últimos dos meses, así como cientos de documentos confidenciales de Sempra, los gobiernos de México y Estados Unidos, la empresa con sede en San Diego se ha dedicado a desarrollar un proyecto de suministro de gas natural que está considerado como de seguridad nacional por el gobierno de Obama.
Estados Unidos tiene cuatro terminales de gas natural, todas construidas en los 70 y en la Costa Este. En los últimos años muchas empresas han intentado abrir una regasificadora en la Costa Oeste, entre California y Seattle, para controlar los precios de la energía y asegurar el suministro.
En Eureka y Vallejo, Long Beach y Oxnard, las comunidades han rechazado la instalación de una importadora y regasificadora, ante los daños al ambiente y los peligros que representan.
“Con GNL (el Gas Natural Licuado) tienes que llegar a una línea costera, y en las populosas áreas en donde el gas se necesita, no tienen áreas costeras disponibles para desarrollar”, dijo Darcel Hulse en diciembre de 2005 al San Francisco Chronicle.
Hulse, quien en ese entonces fungía como presidente y CEO de Sempra LNG (se retiró en junio de 2012), aseguró que les encantaría construir una planta en la bahía de San Diego o en Los Ángeles, pero los permisos difícilmente se los otorgarían.
“Gracias a Dios que México nos permitió hacerlo”, dijo Hulse a finales de 2005.
La calificadora Moody´s recuerda que desde que Sempra Energy estableció su presencia en el país en 1995, ha incrementado sus operaciones para convertirse en el operador privado más grande de gasoductos, el operador más grande de terminales de gas natural licuado, la quinta compañía más grande de distribución local, y el quinto operador privado más grande de plantas de generación de energía eléctrica en México.
El objetivo de la empresa es controlar el abastecimiento de gas natural en todo México, dicen fuentes cercanas a Azano Matsura.
Ubicada a 23 kilómetros al norte de Ensenada, Baja California, la terminal Costa Azul tiene la capacidad de suministrar mil millones de pies cúbicos de gas natural por día, que puede mandar a California por sus ductos, y muy pronto hasta la Ciudad de México.
De acuerdo con fuentes cercanas al empresario nacido en Guadalajara, durante los últimos días del gobierno de Felipe Calderón, el entonces secretario de Energía, Jordy Herrera, ordenó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que otorgaran por conducto de Víctor Cienfuegos Jiménez, jefe de procesos de licitación y enlace administrativo de la subdirección de Contratación de Proyectos de Inversión Financiada, tres licitaciones para construcción, financiamiento y operación concesionada de los gaseoductos que conectarán Baja California con Sonora y Sinaloa. Este proyecto llega hasta el Distrito Federal, entrando por Querétaro.
Hay públicamente poca información del destino de la energía, la ubicación de los ductos y los permisos emitidos por las autoridades mexicanas. Pero en medio del pleito, poco a poco han salido a la luz detalles que han incomodado a los directivos de la firma, y a los socios y familiares de Azano Matsura.
LA PREOCUPACIÓN
Detrás de un asunto de tenencia de tierra se encuentra la posibilidad de paralizar una buena parte del noroeste norteamericano. El antecedente es cuando en febrero de 2011, Azano Matsura logró que el entonces presidente municipal de Ensenada, Enrique Pelayo Torres, movilizara a la policía para que cerraran la planta.
La operación de Energía Costa Azul no duró mucho tiempo detenida, porque el entonces director de la CFE, Alfredo Elías, pidió al presidente Calderón que se reabriera la planta porque de otra manera afectaría el abasto del noroeste del país. El entonces secretario de Gobernación, el bajacaliforniano José Francisco Blake, ordenó la reapertura de la planta de inmediato.
La suspensión de trabajos no ocasionó daños económicos ni en Baja California ni en el sur de California, pero le acción no pasó desapercibida y Azano Matsura se convirtió en un objetivo del Departamento de Seguridad Territorial (DHS, por sus siglas en inglés), que inició una investigación sobre él.
ACUSACIONES CRUZADAS
El trabajo de Azano Matsura para ayudar a Eugenio Sánchez Ritchie a recuperar el terreno de 100 hectáreas que ocupa la planta ha desatado una intensa batalla legal en México y Estados Unidos, que hoy genera desvelos dentro de la Casa Blanca y en Los Pinos.
El empresario demandó a la empresa en la Corte Federal en el sur de California, que en la última semana entró en un proceso de mediación para buscar un arreglo. El pleito ha sido intenso e inclusive sucio, con acusaciones cruzadas de corrupción en México y Estados Unidos y documentos anónimos que han circulado anónimamente en la prensa con medias verdades e insinuaciones de actos ilícitos a los más altos niveles.
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