Lucero Sánchez López, ex legisladora panista de Cósala, Sinaloa, conocida como La Chapodiputada, por haber visitado al capo Joaquín Guzmán Loera cuando estaba preso en 2014, tendrá una segunda audiencia durante los primeros días de agosto en Washington, Estados Unidos.

 

“La Corte de Washington está atrayendo el caso por supremacía y será juzgada (la ex diputada) por el delito de conspiración (equivalente a delincuencia organizada en México) por haber traficado cinco kilos o más de cocaína (para el Cártel de Sinaloa), y por lavado de dinero, por 120 mil dólares”, afirmó Francisco Verdugo, representante legal de La Chapodiputada, en una entrevista con 24 HORAS.

 

Comentó que tiene previsto interponer un pedimento ante la Corte para que Sánchez López no sea trasladada a una cárcel de dicha capital, con el fin de que permanezca en la correccional de San Diego.

 

“Ella (Sánchez López) no quiere que la cambien de la correccional, porque estaría más lejos de su familia. Y está en posibilidad de interponer recursos y que se pueda realizar el juicio a través de video conferencias”, consideró el abogado.

 

Verdugo resaltó que ésta será la primera audiencia mediante la Fiscalía de Washington, “la de San Diego quedó sin materia, sin jurisdicción; ahora le van a leer nuevamente los cargos y le van a decir que la Fiscalía de Washington está tomando las riendas.

 

De acuerdo con el representante legal, a la ex diputada panista también se le acusa de tener comunicación con los hijos de El Chapo, Joaquín Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Incluso de ser identificada en el Cártel de Sinaloa o Cártel del Pacífico, que comandaba Guzmán Loera, con los alias de Piedra, Maico y Tere.

 

Las averiguaciones arrojan que la acusada, quien supuestamente mantuvo una relación sentimental con El Chapo, facilitó, presuntamente, la transferencia de al menos 120 mil dólares provenientes del tráfico de narcóticos. Asimismo, habría ofrecido ocultar a Guzmán Loera en Cosalá, Sinaloa, cuando era perseguido por las autoridades.

 

En caso que Sánchez López sea encontrada culpable podría alcanzar una pena de ocho a 20 años en prisión y ser sujeta del decomiso de bienes que adquiridos con recursos de procedencia ilícita.

 

Sánchez López fue detenida el 21 de junio pasado cuando intentó ingresar a Estados Unidos por el puente internacional Cross Border Xpressen Otay Mesa, que une al aeropuerto de Tijuana y al condado de San Diego, para  solicitar asilo político  al Gobierno estadounidense en favor de sus hijos, argumentando supuestas amenazas. En ese lapso  un agente de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas detuvo a la mujer por enfrentar cargos de tráfico de drogas, cocaína.

 

caem