Para evitar la extradición a los Estados Unidos, donde algunos incluso podrían enfrentar la pena de muerte, los principales líderes de grupos delictivos detenidos en los últimos meses han tramitado juicios de amparo.

 

Los detenidos que han interpuesto demandas contra su extradición son Abigail González Valencia, El Cuini; Jesús Salas Aguayo, El Chuyín y Omar Treviño Morales, Z-42, detenidos desde febrero.

 

Estos se suman a los procesados que desde hace años llevan juicios de amparo en contra de su traslado a los EU, como  Joaquín El Chapo Guzmán, José Antonio Torres Marrufo, El Marrufo; Mario Armando Ramírez Treviño, El Pelón, José Jesús Vargas Méndez, El Chango Méndez;  Rafael Duarte Torres, El Chapito, y Arnoldo Rueda Medina, La Minsa.

 

Dichas personas tienen  cuentas pendientes con la justicia estadunidense y pretenden evitar por diversos medios legales la extradición, por lo que en los últimos días presentaron amparos contra dicha medida, que en algunos casos se puede hacer efectiva en cualquier momento.

 

Omar Treviño Morales, presunto líder del cartel de Los Zetas, presentó dos demandas en contra de la “extradición temporal y traslado a los Estados Unidos de América”, así como por actos privativos de la libertad, “ilegal retención y su ejecución”.

 

Ambos juicios,  218 y 232/2015, respectivamente, quedaron radicados ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo, quien le concedió la suspensión de plano y provisional en contra de los actos que reclama el Z-42.

 

Mientras tanto, el  16 de abril, González Valencia, El Cuini, señalado por la DEA como uno de los presuntos traficantes más ricos del mundo, presentó la demanda 365/2015  por actos fuera del juicio ante el juzgado Noveno de Distrito de Amparo Penal, quien otorgó la suspensión de plano contra el procedimiento de extradición de 30/01/2015, relacionado con la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEITA/018/2005.

 

Cabe destacar que la preocupación de los procesados se incrementó luego que en diciembre pasado se llevó a cabo una de las extradiciones más significativas de los últimos años, la de  Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, reclamado por la Corte Federal de Distrito de Columbia, Washington, por los delitos de asociación delictuosa, posesión de droga, en este caso cocaína, con fines de distribución.

 

Lagunas legales

 

Previamente, el 14 de abril inició el juicio 341/2015 ante el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo Penal por actos fuera del juicio, “orden de detención provisional con fines de extradición y su ejecución”, con lo que pretende acreditar la inconstitucionalidad del acto reclamado.

 

Por éste proceso, el juez de amparo le otorgó la suspensión definitiva en contra de cualquier pretensión de las autoridades mexicanas de entregarlo a EU, donde presuntamente enfrenta diversos casos por tráfico de estupefacientes.

 

Mientras que Jesús Salas Aguayo, El Chuyín, presunto líder del Cártel de Juárez, presentó la demanda 386/ 2015 en contra de incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro y extradición, por este último acto, obtuvo la suspensión de oficio.

 

“Se desecha parcialmente la demanda de garantías por su manifiesta e indudable improcedencia… Se concede la suspensión de oficio respecto del acto extradición…”, dice la notificación judicial.

 

Mientras tanto, otros también han sido  beneficiados a través de los juicios de amparo como  el líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, quien  ha presentado diversas demandas, dos de ellas siguen vigentes  la 59/ 2015 y la 1253/2014.

 

En meses anteriores, el juez 11 de Distrito desechó en un mismo día el amparo que promovió Guzmán Loera, pero en días pasados un tribunal colegiado le ordenó recibir nuevamente la demanda y agotar las diligencias pertinentes sobre las inquietudes del quejoso sobre la orden de extradición en su contra.

 

El líder del Cártel de Sinaloa dejó ver a través de sus fundamentos legales el temor de perder la vida sí es trasladado a los EU, debido a la pena de muerte permitida en ese país.

 

Por otra parte,  a través del juicio 265/2014, Jose Antonio Torres, El Marrufo o El Jaguar obtuvo un amparo en contra de la orden de extradición, pues la Secretaria de Relaciones Exteriores omitió notificar a las autoridades penitenciarias y al procesado en el momento en que se concedió su  traslado a los EU.

 

El extraditable también dijo temer por su vida en caso de que se permita ser llevado a la Unión Americana, pues  enfrenta seis cargos por delitos contra la salud, asociación delictuosa, secuestro, homicidio, delincuencia organizada y lavado de dinero.

 

El Marrufo es señalado por el gobierno estadunidense como el líder de los Escuadrones de la Muerte, grupo armado del Cártel de Sinaloa, bajo las órdenes de El Chapo Guzmán.

 

En riesgo

 

Asimismo, en cualquier momento se podría efectuar la extradición de Rafael Duarte Torres, pues en meses pasados  perdió de manera definitiva el amparo 1080/ 2014.

 

El Chapito es señalado por Washington como uno de los principales operadores financieros del Cártel de Sinaloa y relacionado con una red de pilotos aviadores que se dedicaban al trasiego de droga

 

Arnoldo Rueda Medina, La Minsa, miembro fundador de La Familia Michoacana, encargado de la logística para la expansión del grupo delictivo, presentó la demanda de amparo 1109/2014 en contra de la inminente orden de extradición, bajo el expediente  ASJ/230/388/2012.

 

Por ello, obtuvo la suspensión de plano del acto reclamado por parte del Juzgado Primero de Distrito, quien admitió a trámite la demanda presentada por el capo detenido en el 2009, y quien es reclamado por el gobierno de EU, por el trasiego de droga a su territorio. El juicio se reactivó el pasado 29 de abril, fecha señalada para la audiencia constitucional.

 

Mientras tanto, José de Jesús Méndez Vargas, Chango Méndez, obtuvo un amparo para efectos para que sea notificado por la Secretaria de Relaciones Exteriores el por qué no se cumplió su traslado ante las cortes norteamericanas que lo reclaman en el plazo de 60 días, como ordenan los reglamentos en materia de extradición internacional a los que México está suscrito.

 

Por ello, se ordenó a la SRE  motivar y fundamentar a través de una nueva  notificación los motivos de no haberse ejecutado el traslado en el término que marcan las leyes internacionales y, con base en ello y sólo de ser necesario, se proceda a realizar lo conducente con respecto a la actualización del pedimento de extradición en contra del procesado, como dictaminó el juez a través de su sentencia.