La clase política mexicana sigue disputándose el poder. Rumbo a 2018 mueve fichas y hace jugadas pero su miope ambición y falta de compromiso y convicción de servicio a la sociedad la hace dejar de lado lo realmente importante, como las propuestas y el programa para intentar resolver la miseria, el pobre crecimiento económico, la creciente crisis de inseguridad, el deterioro de las instituciones y los servicios públicos, el agotamiento del sistema electoral y la escasa legitimidad de los gobiernos.

 
Tras la victoria del PRI sobre Morena en el Estado de México y el triunfo de la alianza opositora PAN-PRD en la gubernatura de Nayarit y en las elecciones municipales de Veracruz, la propuesta de un frente opositor contra el PRI se desarrolló de manera acelerada hasta concluir con la iniciativa que presentó Alejandra Barrales apenas hace unos días.

 
Así las cosas, la lucha rumbo a 2018 tiene una nueva arena en los amarres y jaloneos con el fin de construir una opción ganadora para los próximos comicios presidenciales.

 
Una vez más, el Partido Acción Nacional coquetea con una alianza con el de la Revolución Democrática; sin embargo, no sería la primera vez que los panistas ocuparían a los perredistas como un elemento de presión ante el Gobierno federal y el PRI, y al final los dejen colgados de la brocha.

 
En fin, el escenario político tiene por lo menos ya a cuatro actores perfilados como seguros candidatos: el “independiente” Armando Ríos Piter, Andrés Manuel López Obrador, por Morena; Miguel Ángel Mancera, por el PRD, y el que decida el Presidente como abanderado del PRI.

 
Habrá que ver también cómo se mueven las fichas del emergente perredista Juan Zepeda y la pretendida rebelión en el PRI que no tan discretamente maneja Mario Fabio Beltrones. Pero no se vislumbran muchos cambios en los jugadores que participarán en la disputa por la Presidencia de la República en 2018.

 
No se ve a los candidatos, y menos a los partidos, preocupados por atender los principales problemas que aquejan al país y sus orígenes.

 
El sistema judicial mexicano sigue prácticamente intocado, más allá de la aplicación del Nuevo Sistema Penal. La estructura de complicidades, ineficiencias y corrupción entre los jueces mexicanos sigue exactamente igual que hace décadas; el amiguismo, el nepotismo y los fallos a modo siguen siendo el pan de cada día en los juzgados locales y federales.

 
En la Cámara de Diputados, en el Senado y en los Congresos locales se siguen elaborando legislaciones que responden más a los intereses de poderosos grupos económicos o políticos que a las necesidades de la sociedad.
La corrupción llega a todos niveles de todos los gobiernos; y todos los negocios, y contratos de servicios y obras se hacen al amparo del tráfico de influencias y las dádivas a funcionarios de todos los niveles.

 
La educación ha dejado de ser un elemento de avance social y crecimiento económico, el desperdicio de talento es la constante.

 
La salud es para muchos mexicanos todavía una aspiración, si bien es más amplia de la cobertura, pero sigue deteriorándose cada vez más el servicio a los pacientes.

 
El campo está abandonado casi por completo, y no hay una nueva política pública o definición económica que permita a campesinos y productores agropecuarios asociarse, industrializarse y modernizarse para poder salir de la pobreza que por generaciones han vivido.

 
El modelo que separa a la seguridad pública de la impartición de justicia ya no funciona, y no se ve en la agenda de gobierno, o partidos, comenzar a discutir una reforma radical para obtener resultados distintos en la, de antemano, desventajosa batalla contra el crimen organizado.

 

 
Así que ya se están tardando los partidos y precandidatos en decir cómo van a arreglar las cosas en México porque sólo los mentirosos o los tontos pueden ofrecer que todo cambiará por arte de magia con su llegada a Los Pinos.