WASHINGTON.- El legislador republicano Tom Marino, nominado para ser el nuevo “zar” antidrogas del Gobierno de EU, pidió no ser considerado para ese puesto, informó ayer el presidente Donald Trump.

 

La decisión de Marino de retirar su candidatura a dirigir la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca ocurrió tras una investigación conjunta realizada por el diario The Washington Post y el programa “60 Minutes” de la cadena CBS.

 

Esa investigación reveló, entre otras cosas, que Marino recibió casi 100 mil dólares de la industria farmacéutica mientras patrocinaba un proyecto de ley en el Congreso que debilitó la capacidad de la DEA, la agencia antinarcóticos de EU, para perseguir a los fabricantes y distribuidores de opiáceos.

 

Además, el Gobierno de EU afirmó ayer que podría revisar las leyes sobre drogas.

 

En una rueda de prensa, el vicefiscal general, Rod Rosenstein, dijo que, si es necesario, se revisará la conocida como “Ley Marino”, en referencia a la legislación presentada por el hasta ayer candidato de Trump a dirigir la citada Oficina y que fue aprobada por el Congreso.

 

“Tenemos que ver qué herramientas tiene la DEA y si comprobamos que no tiene las suficientes les proveeremos con más”, indicó Rosenstein, quien, sin embargo, eludió señalar a la industria farmacéutica como principal responsable de la crisis por el abuso de drogas que sufre el país y que se cobró la vida de casi 60 mil estadounidenses en 2016.

 

“Si miras las estadísticas, se ve que el aumento de las muertes por sobredosis se debe a la distribución de fentanol desde China y no a los opiáceos producidos por la industria farmacéutica”, señaló el funcionario, queriendo rebatir así a las numerosas asociaciones que afirman que el problema comienza con el abuso de medicamentos.

 

Por su parte, el jefe interino de la DEA, Robert Patterson, reconoció que el reportaje realizado de manera conjunta por el diario The Washington Post y el programa “60 Minutes” de la cadena CBS, que le costó la candidatura a Marino, ha puesto de manifiesto algunos puntos que preocupan en la Agencia.

 

Patterson reconoció que la legislación “ha complicado” la labor de la agencia antidroga, pero rechazó que le haya impedido llevar a cabo su trabajo.

 

 

 

*edición impresa 24 Horas

 

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