Tras una investigación de seis meses, autoridades federales en coordinación con las fuerzas armadas desarticularon una red delictiva de robo de hidrocarburos, en la que estaba involucrada una concesionaria de Petróleos Mexicanos (Pemex) que transportaba el combustible de la paraestatal y también el robado en tomas clandestinas por el crimen organizado.

 

El negocio era lucrativo al punto que los involucrados vendían hasta cuatro millones de hidrocarburo robado al mes a clientes en Jalisco, San Luis Potosí y Guanajuato.

 

Lo anterior con posible con la complicidad de policías locales y se sospecha que también de trabajadores de Pemex, por lo que el caso sigue abierto.

 

El jefe de la Agencia de Investigación criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomas Zerón, dio a conocer ayer que por este caso hay cinco detenidos y consignados. El líder de la banda era el propietario de la empresa Petro Bajío S.A. de C.V. localizada en Salamanca, Guanajuato.

 

“Dicha empresa tenía desde el año 2011 una concesión de Pemex para el traslado de hidrocarburos, como combustóleo, asfalta y refinado. La compañía recibía pagos de la paraestatal por cinco millones de pesos mensuales”, señaló.

 

Según la PGR, el empresario involucrado, cuyo nombre no se dio a conocer públicamente, también es propietario de la compañía TransLisa (Transportes Líquidos salamanca) S.A. de C.V., que en su página de internet presume ser una empresa que promueve el empleo y cuya misión es “brindar servicios de transporte terrestre de materiales peligrosos y productos derivado del petróleo”.

 

De acuerdo con lo narrado por Zerón, los involucrados en esta red delincuencial pagaban cinco millones de pesos a un grupo del crimen organizado, para obtener el hidrocarburo robado en tomas clandestinas de Altamira, Tamaulipas.

 

No se mencionó específicamente qué grupo delictivo es el que vendía el combustible, pero la referida ciudad se encuentra en el corredor dominado por el Cártel del Golfo (CDG).

 

Complicidad y clientes

 

De acuerdo con el jefe de la AIC, Petro Bajío y posiblemente TransLisa, aprovechando las flotas de tractocamiones y pipas con las que contaba para su negocio legal, también se dedicaban al traslado del petróleo y sus derivados robados.

 

“Contaban con el apoyo de autoridades policiales a quienes les entregaban cuotas para permitirles el libre tránsito, rotulaban los vehículos con logotipos a manera de contraseña para poder ser identificados (por sus cómplices) y evitar que fueran detenidos”, puntualizó Zerón.

 

Los compradores de dicho combustible, el cual vendían menor precio que el legal que les daba Pemex, eran principalmente a empresas papeleras, fundidoras de metal, tequileras, entre otras, ubicadas en los estados mencionados.

 

El funcionario subrayó que la investigación sigue abierta para ubicar a las empresas que compraban dicho combustible a sabiendas de su origen ilícito, así como a los servidores públicos involucrados.

 

Piden denunciar

 

El director general de Pemex Emilio Lozoya reconoció el trabajo de las autoridades federales y militares en el caso y pidió a los ciudadanos que denuncien a las empresas que alimentan este negocio ilícito.

 

“Este hidrocarburo que le roban a Pemex son escuelas que se dejan de construir, hospitales que se dejan de construir, infraestructura en las comunidades que más lo requiere y no llega. Pedimos a la población que denuncie a las empresas que sepan que extraen el hidrocarburo o lo venden” dijo.

 

Por su parte el procurador Jesús Murillo Karam subrayó que se están dando pasos importantes para la desarticulación de estas redes delictivas, que ya van más allá de la simple detención de quienes se roban el combustible en las tomas clandestinas.