Uno de los presuntos secuestradores que mataron a Jorge Julio Islas Muñoz, ex funcionario en la administración de Marcelo Ebrard Casaubón, fue detenido por Policías de Investigación de la Procuraduría General de Justicia capitalina.
Se trata de David Guerrero Morán, quien fue identificado por los familiares de la víctima como la persona que cobró uno de los dos pagos que hicieron como rescate, informó el procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza.
De acuerdo con la información oficial al menos otras tres personas que no han sido detenidas participaron en el secuestro del abogado e integrante de la Auditoría Superior de la Federación.
La captura de Guerrero Morán se logró en Avenida Zacatlán, Lomas de San Lorenzo, cuando viajaban en el mismo vehículo que fue usado para trasladar y matar a balazos al ex funcionario hasta la Colonia Lomas de San Lorenzo, en Iztapalapa.
“El imputado agregó que el 3 de noviembre fue citado por otro de los copartícipes para trasladar a Jorge Islas a otro lugar. Calles más adelante, con David Guerrero Morán conduciendo su vehículo Golf blanco (con franjas negras en el toldo y placas de Guerrero), se quedaron de ver con un cuarto sujeto con quien se encontraba la víctima.
“De este modo, el afectado fue subido al vehículo, del cual cuadras después lo bajaron y descendieron tres sujetos, quienes lo privan de la vida. Acto seguido regresaron los tres sujetos sin el afectado, abordando la unidad y dándose a la fuga”, relató el procurador.
El secuestro fue cometido el 26 de octubre, alrededor de las 22:00 horas. El móvil, de acuerdo con la información que dio a conocer la PGJDF, fue obtener dinero.
El 4 de noviembre fue localizado el cadáver de Jorge Julio Islas Muñoz. Estaba amordazado, amarrado de pies y manos con cinta industrial.
Sin embargo, aunque se le preguntó, Ríos Garza no aclaró dónde tuvieron a la víctima durante los 9 días que duró el cautiverio.
El inculpado ya fue consignado ante un juez penal en el Reclusorio Oriente acusado del delito de privación de la vida de la víctima durante el cautiverio, por el que podría alcanzar una pena de entre 80 y 140 años de prisión, refirió el procurador.