Cuando Pemex otorgó el contrato de la reconfiguración de Cadereyta al consorcio Conproca -conformado por Tribasa, Siemens y Sunkyong Engineering- los trabajadores sindicalizados y hasta los de confianza de la paraestatal, registraron con sorpresa el bajo contenido nacional que alcanzó el proyecto cuyo costo todavía es materia de litigios en tribunales de Estados Unidos.
Las empresas coreanas trajeron a sus médicos y hasta a sus peluqueros, según el testimonio de trabajadores de Pemex, por ello, en la Canacintra que preside Rodrigo Alpízar Vallejo y en la Concamin que encabeza Francisco J. Funtanet buscan cerrar la pinza y, en esta ocasión, no sólo esperan que a través de las reglas acordadas con el gobierno federal se cumpla el contenido nacional de 35%. Desde hace algunas semanas, representantes y empresarios que participan en estos dos organismos empresariales visitan a empresas como Noble Energy o Lewis Energy, líderes en la exploración de pozos en aguas profundas.
La intención de esta alianza de avanzada es cerrar con los grandes contratistas y proveedores de la industria petrolera de Houston y San Antonio, y prever los términos del suministro de bienes y servicios que en México necesitarán para cumplir con los contratos y proyectos que esperan ganar a partir del verano del próximo año.
La mala noticia es que, por ahora, las compañías mexicanas tendrán que conformarse con las llamadas cadenas de proveeduría que acompañarán a las empresas extranjeras que sí cuentan con la tecnología y el capital para invertir en los proyectos que liberará Pemex.
Los servicios periféricos para la industria de la energía serán, en el corto plazo, la gran esperanza para las empresas mexicanas que, por ejemplo, ofrecerán servicios sanitarios, de construcción de caminos que lleven a la zona de perforación, de grúas, de alimentos.
En otras palabras, los mexicanos aspiran a quedarse con el “detrás de cámaras” que, en términos conservadores alcanzaría siete mil millones de dólares. De no contar con esa proveeduría, estiman en Canacintra y Concamin que las compañías extranjeras podrían registrar sobre costos que afectarían sus márgenes al determinar el precio del gas o del hidrocarburo obtenido.
Durante el primer año, los negocios que dejaría la apertura de la industria petrolera y de la energía se ubicarían en 20 mil millones de dólares y los cabilderos del sector privado mexicano no lograron que se aceptara un contenido nacional del 40%.
Con más de una década de experiencia en relaciones de negocios con los proveedores extranjeros de Pemex, las compañías mexicanas saben que no será fácil hacer espacio a sus insumos y servicios, sobre todo, ahora que las cadenas integradas en Estados Unidos también reclaman espacio en el nuevo negocio que se abre en México.
SIN PRÓRROGA CONTABILIDAD ELECTRÓNICA
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) que preside Luis González Ortega, advirtió a los contribuyentes que si a partir de julio una empresa desea hacer válida una devolución o compensación de impuestos a favor, tendrá que demostrar que ya cumplió con el envío de su contabilidad al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a cargo de Aristóteles Núñez.
Sin embargo, gracias a que este organismo aún no tiene lista su plataforma, la contabilidad de julio podrá entregarse hasta octubre próximo. Ese será el único respiro que tendrán los contribuyentes que ahora deberán enviar mensualmente la contabilidad frente a la obligación anterior de presentar una auditoría anual.
Con la contabilidad electrónica, el SAT busca reducir la elusión y evasión; sin embargo, en el propio IMCP reconocen que esta obligación representará para las PYMES mayores costos operativos.
Se prevé, por cierto, un auge de compañías especializadas en software y servicios informáticos para cumplir en tiempo y forma esta obligación porque la contabilidad deberá enviarse al SAT en formatos autorizados.
El temor de contadores y de pequeños y medianos empresarios es que la plataforma del SAT represente un obstáculo para la devolución de impuestos sobre el cumplimiento en tiempo y forma de las empresas. Ese sería uno de los peores escenarios.
Las licitaciones de tecnologías de la información del SAT están bajo la lupa porque de la eficiencia de esos proveedores y del cumplimiento de sus contratos dependerá el éxito de la digitalización de la recaudación tributaria. Aristóteles Núñez revisa, por lo tanto, los contratos de la anterior administración, algo parecido a lo que sucedió en Pemex.
ENTRAN & SALEN
La compañía SereniGy, enfocada en el mercado del café, designó a Carrie Ruelle para ocupar la dirección general, luego de concluir la relación con Jay Nolad, fundador del grupo que opera en México desde 2012, por supuestos señalamientos de malversación.
Continúan los reacomodos en Google, empresa que decidió incorporar al exdirector de Ford, Alan Mulally, a su comité auditor, movimiento aparentemente relacionado a la experiencia de Mulally en el sector.
Marc Jacobs, la línea de ropa con tiendas en el país, reajustó plantilla al elegir a Sebastian Suhl para ocupar la dirección ejecutiva, tras la reasignación de Bertrand Stalla-Bourdillon a otras funciones dentro del grupo, las cuales no han sido reveladas.
ALPFA, organización que agrupa a profesionales latinos en Estados Unidos, nombró a Leni Delgado jefa de personal y abogada general adjunta; la promoción llega a unas semanas de seleccionar a Charles García como director y a Julio Carbonell como director de información.
Alfonso Damián Peralta encabezará la Auditoría General del Estado en Oaxaca, tras la renuncia de Arturo Latabán López; la elección fue realizada por el Congreso local que desechó a los candidatos Soraya Benítez Radilla y Odiseo Rubio Vejar.
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BOTÓN INFORMATIVO
662 millones de pesos
pagará Urbi a acreedor por certificados bursátiles vencidos el 15 de julio.