David Garay, abogado general y comisionado para la transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) afirmó que evitarán que los procesos electorales a celebrarse en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz sean invadidos con recursos ilícitos.

 

 

“La Sedesol es la dependencia más observada por su importancia y cobertura respecto de la instrumentación de los programas sociales a su cargo, por lo que el blindaje electoral constituye una política de transparencia, a fin de evitar conductas que generen presiones en el electorado”, manifestó.

 

 
En el Foro Marco Normativo para el Blindaje de Programas Sociales y el Combate en el Uso de Recursos Públicos en los Procesos Electorales Locales 2016-2017, organizado por la Cámara de Diputados, Garay comentó que esta acción tiene como propósito fomentar la participación de la ciudadanía e incentivar la cultura de la denuncia de presuntos delitos electorales.

 

 
Recordó que durante la restricción electoral, que va desde el inicio de las campañas hasta el día de la elección, hay programas que siguen funcionando con regularidad.

 

 
“Esto con el propósito de proteger a la población a la que van dirigidos y porque cuentan con un calendario establecido en sus propias reglas de operación para entrega de apoyos, así como con un padrón de beneficiarios previamente asignado y cerrado”, expuso.

 

 
Los programas que seguirán operando regularmente son: Pensión para Adultos Mayores, Prospera, Liconsa, Diconsa, Comedores Comunitarios, Estancias Infantiles, Atención a Jornaleros Agrícolas y Seguro de Vida para Jefas de Familia.

 

 
En tanto, los programas que tienen padrones cuya entrega de apoyos están sujetos a una convocatoria eventual quedan suspendidos temporalmente durante esta época: Coinversión Social, Empleo Temporal, Fomento a la Economía Social, Opciones Productivas y 3×1 para Migrantes.

 

 
Puntos clave

 

 

El blindaje electoral se compone de:

 

 
-Prevenir que los recursos públicos se desvíen para incidir en el voto

 

 
-Cumplir con la obligación de suspender propaganda gubernamental

 

 
-Inhibir violaciones a disposiciones penales, administrativas y electorales, con acciones preventivas

 
Destituyen a funcionarios por irregularidades

 

 

La secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) destituyó a cuatro funcionarios de Prospera en Chiapas por quebrantar los principios de transparencia en el uso y operación de los programas sociales.

 
Héctor Augusto Rivera Ordoñez, Pamela Ortiz Uscanga, Juana Sosa Martínez y Priscila Cruz Chávez fueron removidos de sus cargos.

 
En un comunicado la dependencia informó que se les atribuye su participación en convocar, mediante presiones, a beneficiarias del programa a un evento político realizado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el sábado pasado.

 

 
La medida se determinó como resultado de las investigaciones realizadas con base en los reportes de las propias beneficiarias de Prospera, que conforman la Contraloría Social, y las informaciones difundidas por algunos medios de comunicación.