Una vez que este domingo expiró el permiso ambiental para la construcción del proyecto inmobiliario Malecón Tajamar, ahora la batalla legal es en el Juzgado Segundo de Distrito, donde se desarrolla un juicio para determinar si los permisos son legales o no, aseguró Alejandra Serrano, directora regional del sureste del centro Mexicano de Derecho Ambiental, (Cemda), asociación que interpuso el amparo.

 

“Estamos esperando que se reconozca la manera irregular con la que se dio la autorización y por ende todos los actos jurídicos y subsecuentes a esa autorización se tienen que revocar”, dijo Serrano.

 

Para el 29 de febrero está programada la audiencia constitucional por el juicio de amparo 86/2016, donde el juez determinará si los permisos para el desmonte y construcción de vialidades (trabajos ya hechos) violaron la Ley General de Vida Silvestre, y por lo tanto debe de detenerse la construcción de los departamentos.

 

Según la versión del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Secretaría de Medio Ambiente, el permiso es legítimo porque se otorgó en 2005, cuando la Ley todavía no consideraba al manglar como zona protegida; en cambio, los activistas consideran que se violó la norma porque se dio una prórroga en 2009, cuando ya estaban protegidos.

 

Serrano explicó que los permisos para continuar con las obras deben de tramitarlos por cada constructora dueña de los predios en Tajamar ante la Secretaría de Medio Ambiente.

 

Aunque en Cemda saben que algunas empresas ya tienen los permisos en este momento ni lo pueden aplicar, ni se puede tramitar otro permiso hasta que no se resuelva el juicio de amparo que interpusieron los opositores al proyecto para la suspensión definitiva.

 

“En caso de que hubiera un predio con permiso de construcción, si se revoca el primer permiso a Fonatur entonces el de construcción se tiene que revocar también”, dijo la representante de Cemda.

 

La demanda amparo es contra Fonatur y los 22 empresarios dueños del polígono de Tajamar, quienes en caso de perderla podrían enfrentar consecuencias administrativas o hasta penales, aunque eso dependerá del sentido de la sentencia.

 

Este diario consultó a Fonatur sobre las medidas que tomará a continuación en el caso, pero la dependencia no tuvo una respuesta al momento.

 

En tanto, Francisco Bravo Lira, uno de los inversionistas del proyecto Malecón Tajamar y quien señaló a medios en enero que los empresarios podrían demandar a Fonatur por las pérdidas millonarias, negó realizar una declaración ya que, dijo, este tema ha manchado su imagen al ser el único que ha dado la cara, cuando tiene una participación menor a 1% del predio.

 

Cifra

 

  • 22 Empresarios que invirtieron en Tajamar podrían enfrentar consecuencias penales

 

  • 74.4 Hectáreas del manglar se destinaron para uso comercial, habitacional y servicios