El director de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, José Luis Hernández Rivera, evitó una acusación de la Procuraduría General de la República (PGR) en su contra por el caso de la desaparición de 43 estudiantes normalistas, pero aún se encuentra bajo investigación por posible delincuencia organizada.

 

Esto, ya que hay declaraciones firmadas frente al Ministerio Público de miembros de Guerreros Unidos que vinculan a Hernández con el grupo delictivo de Los Rojos.

 

Autoridades federales indicaron a 24 HORAS que en diciembre la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) analizó las evidencias reunidas en torno al director de la escuela Normal, y determinó que no tenía responsabilidad en el plagio y homicidio de los estudiantes.

 

Se estableció que el director del plantel sabía y pudo haber instruido el desplazamiento de los estudiantes el 26 de septiembre, así como el secuestro de autobuses, sin embargo la procuraduría no vio responsabilidad criminal de Hernández respecto al destino que luego tuvieron los normalistas.

 

Pero de forma paralela, el equipo de fiscales que la SEIDO tiene destinados exclusivamente a profundizar en las redes criminales que operan en Guerrero, recibió la instrucción de dar seguimiento a los datos sobre el posible nexo de Hernández con el narcotráfico, y robustecerlo con pruebas si estas existen.

 

“Como dijo el procurador, del tema de los estudiantes no se aprecia responsabilidad. Lo que tenemos son investigaciones en curso por delincuencia organizada en Guerrero, esas siguen y si hay pruebas eventualmente sería llamado (el director) a declarar”, dijo un funcionario de PGR que pidió reserva con su nombre.

 

Una de los aspectos que se analizan, comentaron las fuentes consultadas, es la utilización del financiamiento otorgado a la Normal que en 2014 fue de casi 50 millones de pesos.

 

Ayer el procurador Jesús Murillo Karam sostuvo en una entrevista radiofónica que los señalamientos que involucran al director de la Normal con el tema específico de los normalistas desaparecidos son de terceros y faltan pruebas verificables.

 

¿Complicidad?

 

En la reconstrucción de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, presentada por la PGR el martes pasado, se revelaron declaraciones de sicarios de Guerreros Unidos, que describen cómo los normalistas aceptaron que su movimiento estaba infiltrado por Los Rojos.

 

Según el dicho de los delincuentes, el estudiante Miguel Ángel Hernández Martínez reconoció que el director de la Normal, junto con otro alumno conocido como El Cochiloco, organizaban las marchas, las cuales eran infiltrados luego por Los Rojos.

 

El sicario de Guerreros Unidos, Felipe Rodríguez, alias El Cepillo, señaló que uno de los normalistas dijo, antes de ser asesinado, que otro sujeto apodado El Carrete pagó a Hernández Rivera para que enviara un grupo de estudiantes a generar disturbios en Iguala el 26 de septiembre.

 

Autoridades de PGR indicaron que hay otros señalamientos aislados que señalan supuestos nexos del director, aunque son indirectos y en varias vertientes imprecisos. En ese contexto e busca mayor evidencia documental.

 

Fichas rojas

 

La PGR solicitará a Interpol la emisión de nuevas fichas rojas para dos objetivos prioritarios vinculados con la desaparición de los normalistas, y cuya captura no se ha logrado. Se trata de órdenes de detención internacional en contra del ex jefe de la Policía de Iguala Felipe Flores y el lugarteniente de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, El Gil.

 

En la PGR sospechan que ambos pudieron haber huido del país y se presume que podrían haberlo hecho de forma ilegal a través de la frontera con Estados Unidos, por lo que se requiere de la ficha roja para la eventual captura.

 

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