Esta semana estuvo cerca de ser aprobado en comisiones el dictamen para una de las reformas más importantes del presente sexenio: la reforma urbana, una reforma que a diferencia de las demás no emana del Ejecutivo, sino de la iniciativa social. Diversas organizaciones iniciaron un esfuerzo, hace cuatro años, para promover reformas legales y constitucionales que atiendan la problemática urbana. La aprobación, a pesar de la urgencia, se pospuso para los próximos meses.
La propuesta de dictamen que espera su aprobación ha tenido el enriquecimiento de legisladores de distintos partidos, en un esfuerzo encabezado por el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del Senado, Francisco Búrquez. El proyecto plantea la creación de una Ley General de las Ciudades y el Territorio, en sustitución de la Ley General de Asentamientos Humanos.
Entre otros objetivos, se busca crear un plan nacional de ordenamiento territorial, del que se deriven los planes de desarrollo urbano locales y metropolitanos; a pesar de que contamos con 59 zonas metropolitanas declaradas no existe la planeación metropolitana en nuestro país, lo cual ha mermado calidad de vida, oportunidades y seguridad. La reforma urbana establecerá elementos para coordinar a los diferentes órganos de gobierno, financiar el desarrollo urbano y detonar la participación social mediante la generación de observatorios y mecanismos de consulta ciudadana.
Posponer la discusión y aprobación en comisiones del dictamen para la reforma urbana muestra que los poderes Ejecutivo y Legislativo no alcanzan a dimensionar dónde se originan los problemas de nuestro país. El desarrollo de una industria exportadora, a partir del auge maquilador en los años ochenta, modificó de manera radical la gestión del territorio. El 80% de la población vive ahora en zonas urbanas y 50% en ciudades de más de un millón de habitantes. En 1983, una reforma constitucional dio a los municipios facultades para planear el territorio, sin que esto ocurriera de manera concurrente o subsidiaria con la Federación o los estados; ahora vemos el desastre.
La crisis de seguridad que vive nuestro país tiene mucho que ver con esta mala gestión del territorio y no estamos haciendo gran cosa para que la situación cambie. El decálogo del Presidente para restablecer la seguridad atiende los efectos y no las causas del problema, gran parte de ellas con origen en las ciudades: la falta de oportunidades, las adicciones, las ambiciones, la falta de atención a los temas metropolitanos, los nuevos asentamientos, entre otros.
La reforma urbana, como decía, proviene de la iniciativa de organizaciones sociales. Las reformas aprobadas en este sexenio provienen primordialmente del Ejecutivo. ¿Por qué no dar mayor importancia a las ideas y propuestas que surgen de la sociedad? Entiendo el sentido de urgencia de las reformas en materia de seguridad, pero no hay que soslayar la importancia de otras reformas, así éstas den frutos en el mediano y largo plazos. Al final de cuentas, México está siendo víctima de la mala planeación y de la visión cortoplacista de las últimas décadas.
Es fundamental que senadores y diputados, así como el gobierno federal, den a la reforma urbana la importancia que merece. De no hacerlo, seguiremos atendiendo los efectos del problema y no las causas, como hasta ahora.