El pasado 27 de marzo, México dio a conocer a las Naciones Unidos los compromisos en materia de reducción de emisiones a la atmósfera. Es de reconocer que México es el primer país en vías de desarrollo en establecer una meta de reducción de emisiones de gases efecto invernadero. En este caso, uno puede elogiar el trabajo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La reducción de emisiones en un 25% tiene muchas implicaciones en materia de política pública para el país en su conjunto, pero a su vez para dependencias distintas a Semarnat, así como estados y municipios.

 

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Hay ciertas estrategias de reducción de emisiones que ya se han venido realizando. Por ejemplo, en el sector agrícola se instrumentaron políticas, la década pasada, para la captura de Metano, que es  28 veces más contaminante que el bióxido de carbono.

 

En este momento el mayor potencial de reducción de emisiones está en el transporte. El cambio de hábitos en la movilidad es lo que generará mayor reducción de emisiones: viajes más cortos, en medios con menores emisiones por viajero que el auto particular. Lo interesante del anuncio de México a la ONU es que obliga a cambiar de rumbo. Lo difícil es que las políticas públicas todavía no están cambiando de rumbo

 

Desde hace varios años, México ha transformado su sistema carretero a partir de las autopistas concesionadas y los proyectos de prestación de servicios. Es entendible que el país requiriera una infraestructura de esta naturaleza. La duda surge cuando nuestro modelo de movilidad, urbana, suburbana e interurbana, es de bajo desempeño ambiental por una mala oferta de transporte colectivo. La nueva infraestructura carretera, sobre todo autopistas urbanas y libramientos, induce viajes en auto que deberían tener otras posibilidades más sustentables.

 

Una autopista urbana puede inducir el paso diario de 50 a 100 mil vehículos, con emisiones a la atmósfera de 3500 a 7000 toneladas al año por kilómetro. El Metrobús sólo alcanza a reducir alrededor de mil toneladas por kilómetro. Resulta que tanto a nivel local como nacional siempre vamos más rápido en la creación de infraestructura para el automóvil que para formas sustentables de movilidad.

 

El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, independientemente de las emisiones adicionales que representará tener el doble de operaciones, estará a 15 kilómetros de las actuales terminales. Cada automóvil viajará 30 kilómetros más, consumirá en promedio 3 litros más y emitirá 6.9 kilogramos más de CO2. Sólo por el cambio de ubicación, con la misma cantidad de viajes en auto, el AICM generará más de 200 mil toneladas por año.

 

Con esto quiero decir que si el país no adopta una verdadera política de promoción del transporte público, de la movilidad no motorizada, de disminución del número total de viajes y kilómetros en automóvil, las metas de reducción de emisiones serán inalcanzables. La vía de construir autopistas urbanas de cuota, porque el 5% de la población las puede pagar, es perversa; ya que  la construcción de trenes y metros se pospone porque sus usuarios potenciales no pueden pagarla, ni la hacienda pública. Lo mismo pasa con la modernización de los autobuses urbanos. En todo caso, deberíamos ir hacia un modelo en el que esa minoría que sí puede pagar su infraestructura pague también la del otro 95% … o mejor no le andamos vendiendo a la ONU lo que no podremos cumplir.