En la primera mitad del gobierno del presidente, Enrique Peña Nieto, 36 mil 392 funcionarios de la Administración Pública Federal han sido sancionados por diversas irregularidades, 30% menos que en el mismo periodo del sexenio pasado, y sólo 18.7% ha sido inhabilitado para ocupar cargos públicos.
De acuerdo con el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados, de la Secretaría de la Función Pública (SFP), 25% de estos funcionarios fueron suspendidos y apenas 3.2% fueron destituido de su cargo.
Aunque la dependencia federal no especifica los motivos por los que los funcionarios fueron sancionados, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos estipula que estas sanciones administrativas se impondrán como consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio o lucro.
Dicha ley establece que la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, se aplicará cuando un funcionario acepte dinero, bienes muebles o inmuebles o bien, reciba donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público.
Asimismo, la destitución del puesto aplica en casos como el conflicto de intereses, es decir, cuando un servidor público se abstenga de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios.
Además de la inhabilitación temporal para desempeñar cargos públicos, la suspensión de empleo, cargo o comisión, así como la destitución de cargos, la legislación también prevé amonestaciones privada o pública y sanciones económicas.
Las dependencias con mayor número de sanciones con la Policía Federal y el Servicio de Protección Federal de la Comisión Nacional de Seguridad, con seis mil 256 y dos mil 520 funcionarios penalizados, respectivamente.