La organización Amnistía Internacional (AI) responsabilizó al Estado Mexicano por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y la ejecución de seis personas.

 

“El Presidente tiene la obligación de implementar acciones efectivas y concretas para encontrar a los desaparecidos, reparar el daño a los sobrevivientes y a sus familias y hacer justicia para los muertos”, dijo el director de AI, Perseo Quiroz, en una conferencia en la que también estuvieron presentes familiares de las víctimas.

 

“Hubo ejecuciones extrajudiciales, hubo desaparición forzada de personas y en eso se tiene que enfocar el Estado Mexicano (…) lo que pasó en Iguala no se da en un vacío, sino en un contexto donde el Estado mexicano ha sido negligente durante más de una década de desaparecidos y el uso de la fuerza por parte del Estado”, dijo.

 

Hasta el momento, añadió, lo único que ha hecho el Presidente ha sido lamentarse, pero eso no sirve de nada, señaló.

 

Quiroz exigió un compromiso efectivo para encontrar a los desaparecidos porque hasta el momento, las búsquedas las han efectuado funcionarios de gabinete o elementos de la policía estatal, en lugar de agentes federales especializados; además de que no se utilizaron mecanismos de inteligencia ni se siguieron líneas de investigación concretas para buscar a los jóvenes.

 

“Esto tenía todas las condiciones para que pasara (…) el Estado pone los temas de Derechos Humanos como terceros o cuartos en la agenda nacional. Hay un compromiso de palabra pero no se traduce en acciones. Por esa falta de acciones es que tenemos hechos como los de Iguala”.

 

En su lista de recomendaciones, Amnistía Internacional señala que las investigaciones deben ser realizadas por el personal federal de más alto nivel, porque ha sido el gobierno local el que ha llevado las labores de reconocimiento de los 28 cuerpos que fueron encontrados en las fosas clandestinas de Iguala y que se les permita trabajar a los forenses argentinos que las familias contrataron para apoyar en el proceso de exhumación e identificación de los restos que sea confiable y de certeza a los familiares.

 

El presidente debe acelerar y garantizar una investigación rápida y exhaustiva, y que se llegue a fondo sobre lo ocurrido. Garantizar el acceso pleno a las investigaciones a los familiares y víctimas y asegurarse de que no recaiga en ellos la obligación de obtener pruebas. Otorgar información a los familiares sobre el avance de los procesos antes que a los medios de comunicación. Las investigaciones deben asumir líneas específicas de acuerdo con los patrones de la zona, tiempo y autoridad implicada, y hacer públicos sus resultados.

 

También exigieron asegurar la vida y seguridad de los familiares de los involucrados y los investigadores; la reparación del daño y garantías de no repetición.