La Cámara de Diputados impulsa una reforma Constitucional para regular y restringir los derechos ciudadanos en caso de una invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otro caso que ponga en peligro -o en conflicto- a la sociedad.
La iniciativa ya fue aprobada por la comisión de Derechos Humanos y ahora está bajo análisis de la comisión de Justicia.
“Crear un ordenamiento jurídico que tenga por objeto regular la restricción o suspensión en todo el país o en lugar determinado, del ejercicio de los derechos y las garantías otorgadas en la Constitución. Así como el procedimiento correspondiente, la actuación de las autoridades competentes y los efectos de la resolución que se emita”, detalla la iniciativa.
El documento, del que 24 HORAS tiene una copia y promovido por la diputada María del Carmen Martínez Santillán (PT), precisa que serán el presidente de la República en turno, su gabinete y el procurador General de la República, las autoridades que podrán promover y autorizar dicha acción.
“Se establece la atribución del Presidente (de la República), junto con el acuerdo de los titulares de las secretarías de Estado y del Procurador General de la República, de realizar la solicitud de suspensión o restricción, detallando la causa que ponga a la sociedad en grave peligro o afecte la paz pública”, expresa el texto.
Los 29 integrantes de la comisión de Justicia –que ya cuentan con una copia del documento- buscan reformar el artículo 29 constitucional y declarar Estado de Excepción en aquellas entidades, localidades, municipios o poblaciones que necesiten hacer frente rápida y fácilmente a las “amenazas” y que se vean limitados por las garantías individuales.
La petista Martínez Santillán, en su exposición de motivos, expresa la necesidad de crear una Ley Federal de Paz Pública y de Suspensión de Derechos y Garantías, a fin de garantizar la implementación de este tipo de acciones, como atribución sólo del Estado.
“Esa normalidad de orden social (los derechos humanos) que sustenta el derecho, puede verse en extremo amenazada por diversas circunstancias, ante lo cual es necesaria la intervención del gobierno en forma rápida y eficaz, a fin de garantizar, precisamente, la continuidad del orden preestablecido y más aún, en algunos casos, la supervivencia del propio Estado”, afirma la legisladora.
La legisladora expuso, a manera de ejemplo, que con esta modificación constitucional los denominados “retenes” de las fuerzas armadas y la policía federal podrán llevarse a cabo en todo el territorio nacional, sin la necesidad de “llevar implícito un acto de molestia, que no se encuentra dictado por la autoridad competente”.
Limitantes
El documento subraya que esta reforma deberá garantizar los alcances de la Convención Americana de los Derechos Humanos, es decir, evitar restringir derechos a la vida y a la integridad personal, a la no discriminación, a no ser sometido a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como al reconocimiento a la personalidad jurídica, al nombre y a la nacionalidad.
En días pasados, los integrantes de la comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados emitieron su aval, por unanimidad, para llevar a cabo dicha reforma legal, que, sin definir el concepto de “perturbación grave”, precisan los términos de la solicitud de suspensión de garantías y derechos humanos.
“La solicitud (…) deberá estar dirigida al honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; detallará la causa, perturbación grave o cualquier acto que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto o afecte la paz pública”, expresa.