La falta de liquidez, de los tres órdenes de gobierno, para pagar el desarrollo de las obras públicas podría generar el despido de trabajadores e incluso la suspensión de las actividades de la construcción en el país, alertó Gustavo Arballo Luján, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

En entrevista con 24 HORAS, el dirigente empresarial precisó que la falta de pagos para el desarrollo de la infraestructura pública es provocada por el incremento en el plazo para liquidar el costo de las obras, pues éste pasó de 30 días a periodos que superan seis meses, como el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En su sesión plenaria 899, realizado el 24 de septiembre pasado, la petrolera amplió el plazo de pago total de adquisiciones y obras cambió de un mínimo de siete días a más de seis meses, lo que, de acuerdo con el líder de la construcción, afecta a casi 700 empresas del ramo.

En el área de exploración y producción, Pemex tiene adeudos en poco más de mil 500 contratos, de los que 205 corresponden a obras.

A esto se suma el subejercicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por casi 19 mil millones de pesos al cierre del tercer trimestre del año.

La CMIC prevé un crecimiento de 3% en 2015, respecto al resultado del año anterior, pero el costo para la mejora puede ser muy alto para el sector privado, pues necesita recurrir a la deuda para solventar los compromisos que adquirió con el gobierno.

“El hecho de que se estén llevando a cabo las obras de infraestructura no necesariamente quiere decir que el dinero del gobierno esté circulando y se está recurriendo al crédito de proveedores de la cadena productiva por un lado y al financiamiento comercial, por otro, que al final le cuesta a la industria de la construcción”, señaló.

El representante de los constructores refirió que la afectación alcanza también a la cadena productiva, porque las empresas no tienen recursos para pagar a los proveedores y “menos para pagar las obligaciones fiscales. Esto también puede traer como resultado la pérdida de empleos”.

La vía para mantener el dinamismo, mencionó, es abrir un diálogo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que otorgue certeza en el ejercicio de los recursos y el pago de la obra pública.

Arballo Luján comentó que una de las válvulas de escape para el año entrante serán los bonos de infraestructura educativa, pues aportarán 50 mil millones de pesos adicionales en tres años para el desarrollo y remodelación de centros escolares con recursos del público inversionista y que serán pagados con las participaciones del presupuesto en estados y municipios.

Cifras

25% de los recursos para la construcción provienen directamente del gasto público

30 días era el tiempo que tenía Pemex para liquidar los costos de obra, ahora es de seis meses