En 2013 los estados que tuvieron un incremento en recursos para la seguridad pública tuvieron un repunte en la incidencia delictiva, reveló la Auditoría Federal de la Federación en el informe que presentó ayer, en el que además indicó que la incidencia aumentó 36.2% en sólo tres años.
El Distrito Federal fue la entidad que ejerció más recursos, con mil 12 millones 280 mil pesos, seguido del Estado de México con más de 939 millones de pesos, Baja California con 696 millones de pesos y Jalisco con 664 millones de pesos.
“Las cuatro entidades ocuparon las cuatro primeras posiciones en cuanto a incidencia delictiva; el Estado de México registró una tasa de 93 mil 003 delitos por cada 100 mil habitantes, seguido de Baja California con una de 57 mil 066, del Distrito Federal con una de 51 mil 786 y Jalisco con un registro de 47 mil 278 delitos por cada 100 mil habitantes”, se reportó.
Sobre el incremento de la comisión de delitos señaló que la cifra pasó de 30 mil 490 ilícitos por cada 100 mil habitantes en 2010 a 41 mil 536 en 2013, e indicó que los tres delitos de mayor impacto, homicidio doloso, secuestro y extorsión, tuvieron un repunte importante.
Los estados en los que el aumento rebasó el promedio nacional de 2013, de 41 mil 563 delitos por cada 100 mil habitantes mayores de 18 años, fueron el Estado de México, Baja California, Distrito Federal y Jalisco, expuso la ASF.
“En 2013, los estados que concentraron el mayor número de delitos fueron el Estado de México con 93 mil 003, Baja California con 57 mil 066, el Distrito Federal con 51 mil 786 y Jalisco con 47 mil 278”.
Sobre los delitos de alto impacto especificó que de 2007 a 2013 los homicidios dolosos tuvieron un alza de 8.9%, al pasar de 9.3 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en 2007 a 15.5 en 2013. En el mismo periodo el delito secuestro se incrementó en 23.2% y la extorsión presentó un aumento de 16.2%.
“En términos comparativos, en el periodo 2007-2012, en un conjunto de 16 países de América que son reportados por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), México fue el país en el que más se incrementaron los delitos de alto impacto”, sentenció.
Estados omiten casi 400 mdp en seguridad
Los subsidios para el mando policial reportaron una cantidad importante de recursos que no fueron reportados, sumando 394 millones 043 mil 525.06 pesos que 29 entidades no solventaron o documentaron. En este caso sólo lo hicieron Distrito Federal, Estado de México y Morelos, informó la ASF en su informe sobre 2013.
Además se detectó que 4 millones 484 mil 342.27 pesos por recursos no devengados y que no fueron reintegrados a la Tesorería.
En la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se detectaron irregularidades por 2 millones 702 mil 411.02 pesos en la Fuerza Aérea Mexicana, de las otras auditorías practicadas no se encontraron daños a la SHCP; además acumuló ocho recomendaciones y cinco Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
En las auditorías realizadas a la Procuraduría General de la República (PGR), en el programa de la “Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional”, se determinó probable daño a Hacienda Pública Federal por 5 millones 433 mil 675 pesos, luego de que de 51.1% del presupuesto ejercido para dicho programa, la dependencia federal no presentó la documentación comprobatoria para sustentar la emisión de mil 171 cuentas por liquidar certificadas para cubrir los pagos de “Servicios Personales”, “Materiales y Suministros” y “Servicios Generales”.
En general, la ASF emitió en la fiscalización de dicho programa un total de cinco recomendaciones, una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, al desconocer si el monto de 4 millones 121 mil pesos por concepto de “Cuentas por Liquidar Certificadas” (CLC), que fueron registradas como Pasivo Circulante y no fueron pagadas por la Tesorería de la Federación.
Asimismo, detectó un daño en contra de la SHCP por más de un millón 508 mil pesos como parte de cinco pliegos de observaciones relacionados al atraso en la conclusión de trabajos de la Policía Federal, en el pago por concepto de cierre y finiquito de la obra para adecuar las instalaciones de la División de Investigación, la cual fue visitada por la ASF el pasado 29 de agosto del año pasado.
En total se determinaron 11 observaciones, cuatro de las cuales fueron solventadas, una Solicitud de Aclaración y los cinco pliegos.
La Secretaría de Marina fue acreedora a cinco recomendaciones y a una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, por no acreditar la adquisición de cuatro vehículos para atención de la H. Ayudantía del Almirante Secretario y de 31 vehículos para solventar necesidades de las diferentes unidades y establecimientos navales, aunado a que la ASF presume que ya se había determinado el proveedor de dichos pedidos.
El Poder Judicial entrega buenas cuentas
Por Israel Yáñez
El Poder Judicial presentó en general buenas cuentas tras la auditoría realizada del ejercicio fiscal 2013, tuvo un subejercicio mínimo de 125 mil pesos y solventó las mayoría observaciones que le hizo la Auditoría Superior de la Federación, aunque se detectó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 9 millones 731 mil 900 pesos.
Entre las recomendaciones que recibió destaca una sobre el incremento salarial que se les otorgó a cinco servidores públicos, el cual no estaba justificado, indicó la Auditoría Superior de la Federación en el informe presentado ayer.
En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se informó que el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 99 mil pesos. Se hicieron nueve observaciones, de las cuales seis fueron subsanadas en su totalidad antes de la integración de dicho informe, y tres derivaron en recomendaciones.
La ASF destacó el incremento salarial de cinco servidores públicos del Poder Judicial de la Federación a los cuales se le pago la retroactividad al primero de enero del 2013, de 165 mil pesos hasta 184 mil de pesos equivalente al 5.0% de incremento en el sueldo base y compensación garantizada, sin embargo, dicho incremento no tuvo fundamento legal.
Además se descubrió un probable perjuicio al erario por 9 millones 731 mil 900 pesos por pagos injustificados por la licencia de derecho de uso del software para dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.