En los últimos tres años, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha interpuesto 34 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de ocho estados por mal uso de recursos  federales destinados a programas de salud.

 

En el Informe a la Cámara de Diputados “Estado que guarda la solventación de observaciones y acciones promovidas a las entidades focalizadas”, con corte de 30 de septiembre de 2015, la ASF señala que Baja California Sur, Tlaxcala, Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Chiapas, Morelos y Tabasco tienen por lo menos una denuncia en su contra.

 

Las denuncias vienen por incumplimientos en la aplicación de recursos obtenidos por medio de acuerdos de coordinación entre la Secretaría de Salud y los estados, al Seguro Popular, además del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).

 

Los recursos para salud que transfiere la Federación a los estados tienen como objetivo apoyar económicamente a las entidades para que atiendan a las personas que carezcan de seguridad social. Se destina para infraestructura, medicamentos y pago de personal médico.

 

Desde abril del año pasado se hizo una reforma a la Ley General de Salud, la cual estipula que aquel funcionario que desvié recursos federales destinados al rubro será sancionado con hasta siete años de cárcel y multas de 65 mil a 97 mil pesos.

 

Aunque, por tratarse de una ley no retroactiva, en caso de encontrar alguna responsabilidad penal de algún funcionario público por estos desvíos de recursos no se aplicarán estas sanciones, sino las de antes de la reforma, que sólo implican multas para los responsables.

 

Las primeras denuncias que presentó la Auditoría datan de 2013 y son por la cuenta pública 2011. Éstas van en contra de los estados de Tlaxcala, Sinaloa y dos en contra de Michoacán por mal ejercicio de recursos destinados al Seguro Popular. En todos los casos, la ASF informó que la denuncia está en etapa de integración.

 

Para la cuenta pública de 2012, la Auditoría siguió con las denuncias. Esta vez fueron siete estados los que fueron acusados ante la Procuraduría General de la República por el mal uso de las transferencias federales en salud.

 

El estado con más denuncias es Jalisco, al cual la Auditoria detectó mal uso de dinero otorgado por medio del FASSA y de acuerdos firmados con la Secretaría de Salud federal.

 

Le sigue Tabasco, el cual tiene dos denuncias en integración. Una de ellas fue por los recursos federales transferidos a través del acuerdo de coordinación que suscribió con la Secretaría de Salud y la otra por los recursos del FASSA.

 

Otros estados denunciados son Sinaloa y Morelos, cada uno con dos denuncias, y Baja California Sur, Michoacán y Chiapas con una cada entidad. Todas es por el uso de Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdos de Coordinación Celebrado con la SSA para la cuenta pública 2012.

 

En todos los casos, las denuncias siguen en integración, según el reporte de la Auditoría Superior de la Federación.