El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, anunció hoy que permitirá la inundación de los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo con las aguas de la presa de El Zapotillo, cuya construcción fue detenida por la Suprema Corte de México.

 

Sandoval dio a conocer que seguirá la recomendación del estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) para que la cortina de la presa llegue a 105 metros y dote de agua a Jalisco y a Guanajuato.

 

“Salvar Temacapulín ya no es, técnicamente, una variable asequible. Esta batalla no la perdieron solos; la perdí yo con ustedes”, dijo el gobernador tras la presentación del estudio de la UNOPS.

 

El anuncio provocó el enojo de los pobladores, que gritaron “Traidor” y “No queremos reubicación” al gobernador, mientras mostraban pancartas en repudio al proyecto.

 

El vocero del Comité Ciudadano Salvemos Temacapulín, el sacerdote Gabriel Espinoza, caminó hasta el templete donde se encontraba el gobernador para interrumpir su discurso. “No aceptamos los estudios de la UNOPS”, dijo.

 

Sandoval terminó su mensaje de manera abrupta y pidió al activista no seguir “engañando” a su gente.

 

“Vamos en beneficio de las mayorías, de lo que necesita este estado. Que me señale la historia por ser el precursor de los servicios que necesita nuestra gente, nuestras presentes y futuras familias”, concluyó el gobernador, quien en 2013 prometió a los habitantes que evitaría la inundación de Temacapulín, el mayor de los tres pueblos amenazados.

 

Unos cuantos pobladores tomaron el templete pidiendo al mandatario estatal que regresara a “debatir en público”, a lo que este se negó.

 

La presa es construida sobre el Río Verde para llevar agua a 2,4 millones de personas de la árida región de Los Altos y la zona metropolitana de Guadalajara, capital de Jalisco, así como a León, capital del central estado de Guanajuato.

 

El polémico proyecto es financiado desde hace 12 años por la Comisión Nacional del Agua del Gobierno federal, así como los estados de Jalisco y Guanajuato.

 

El estudio “Jalisco Sostenible Cuenca de Río Verde”, realizado por la UNOPS y por el que el Gobierno jalisciense pagó cerca de 90 millones de pesos mexicanos (cinco millones de dólares), prevé cinco posibles escenarios de construcción de la presa.

 

En todos ellos “los pobladores de Temacapulín estarían ante un riesgo inminente de inundación”.

 

De acuerdo con el gobernador, el más viable es que la cortina de la presa llegue a 105 metros para aprovechar un caudal de 7,5 metros cúbicos de agua por segundo, de los cuales 76 % serían encauzados a Jalisco y el resto a León.

 

 

 

Esta decisión contraviene el fallo emitido en 2015 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor del colectivo “Salvemos Temaca” para que la presa no sea construida por encima de 80 metros de altura y con ello evitar el crecimiento del embalse y por tanto del área inundada. Esa resolución provocó la detención de las obras.

 

En 2009, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió una recomendación que pide al Gobierno estatal detener la obra hasta garantizar el cumplimiento de los derechos de los habitantes y realizar estudios para proyectos hidráulicos alternativos.