Más de cinco mil autorizaciones para aprovechar los recursos de las áreas naturales protegidas fueron concedidas por las autoridades ambientales durante el sexenio pasado sin conocer su impacto en los ecosistemas, lo que representa 60% del total de permisos otorgados.

 

Según el informe de la  Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre 2007 y 2012 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) emitieron más de ocho mil 400 autorizaciones en 93 de las 176 áreas naturales protegidas que abarcan 12.9% del territorio nacional.

 

Estas reservas son porciones terrestres o acuáticas representativas de los diversos ecosistemas del país, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado, además de que producen beneficios ecológicos.

 

De acuerdo con la ASF, la política pública del sexenio anterior para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en las áreas protegidas “no dispuso de instrumentos de planeación y evaluación del impacto de las autorizaciones y de los apoyos otorgados que permitiera determinar su contribución en la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad para lograr su sustentabilidad”.

 

En el periodo señalado, la Conanp incumplió con el objetivo de garantizar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en las áreas naturales protegidas de competencia federal.

 

Por otra parte, de 955 apoyos a proyectos productivos otorgados por la Conanp en 2012, el órgano fiscalizador determinó que no fue posible verificar si las solicitudes de apoyos eran compatibles con el Decreto de creación del Área Natural Protegida en la que se llevarían a cabo o, en su caso, con el Programa de Manejo correspondiente.

 

“En materia de regulación, la Conanp no contó con los métodos y estudios necesarios para la elaboración de límites de cambio aceptable y capacidades de carga de los ecosistemas, toda vez que la Semarnat no ha establecido en la normativa el área responsable de su elaboración”, señaló la ASF.

 

Finalmente, el órgano fiscalizador impuso seis multas a la dependencia por no haber atendido en el plazo establecido diversos requerimientos de información para realizar la auditoría.