En México estamos un tanto acostumbrados a que en algunos hechos no haya consecuencias, a pesar de lo inverosímiles.
A mediados de abril del año pasado, con un año y dos meses en funciones, Fausto Vallejo pidió licencia a la gubernatura por problemas de salud. No hay una información oficial respecto a cuál fue la enfermedad y cuál la evolución. Sólo se habló de un problema de salud y se designó al secretario de Gobierno, Jesús Reyna, como gobernador interino por tres meses, y luego por otros tres meses. Al cabo de seis meses de ausencia, Vallejo volvió a su cargo.
Para cuando pidió la segunda licencia de tres meses, la interpretación más lógica era que prorrogarían estas licencias hasta cumplir los dos años de gobierno, para evitar una convocatoria a elecciones. No ocurrió así, pues Vallejo volvió a cobrar como gobernador desde octubre, no a mandar como tal, pues como sabemos, desde enero Alfredo Castillo Cervantes toma las decisiones en la entidad.
En las últimas horas hemos tenido noticias impresionantes. Primera, la posible detención, finalmente arraigo, de Jesús Reyna García, por sus vínculos con la organización criminal Los Templarios; segunda, el probable vínculo familiar, que ya algunos medios habían denunciado tiempo atrás, entre Jesús Reyna y Servando Gómez La Tuta; tercera, el cese de Jesús Reyna por parte del gobernador Vallejo.
¿Por qué el gobernador no renunció de inmediato? Oculta información sobre su estado de salud, deja como gobernador a un hombre que, tenga o no lazos familiares con La Tuta, es acusado de favorecer a Los Templarios, y para colmo es tan sólo un títere del centralismo. Hablo de renuncia no sólo por lo ridículo de que un gobernador acepte que, por su incapacidad para contener la violencia en el estado, le impongan hasta a los miembros de su gabinete, sino por la responsabilidad en sus pocas decisiones.
Lo que está ocurriendo en Michoacán es incompatible con una democracia. Carecemos, como país, de una auténtica rendición de cuentas. El anterior cargo del “comisionado” Alfredo Castillo lo atestigua: si no es por la presión de las redes sociales durante tres semanas nos habríamos quedado con un procurador del consumidor solapando las prepotencias de su hijita y un aparato de Estado dispuesto a solapar actos indebidos de un procurador del consumidor.
Fausto Vallejo dejó seis meses a Michoacán en una persona con vínculos con el narcotráfico ¿y si la enfermedad hubiera sido simulada? ¿Y si él ya conocía la relación de Reyna con el narcotráfico o la relación familiar entre éste y La Tuta? Y a esto le sumamos que la licencia fue aceptada por una apretada mayoría en el Congreso de Michoacán ¿Cuántos diputados tenían conocimiento de las relaciones de Reyna con Los Templarios? ¿Por qué no juzgamos los hechos que ocurren en las alturas del poder con esa óptica?
Tal vez Fausto Vallejo no haya cometido ningún delito, pero nombró a quien sí los habría cometido como secretario de Gobierno, posición que de manera natural lo llevó a conducir el interinato. Es un tema de responsabilidad, independientemente de lo que sepa respecto a los vínculos de Reyna con Los Templarios. La institución “Gobierno de Michoacán” falla y alguien tiene que dar la cara.
El caso de Fausto Vallejo no está lejos de otros polémicos en los que el aparato de Estado ha evitado a toda costa la rendición de cuentas. En dos meses se cumplirán
cinco años del incendio en una guardería subrogada del Seguro Social. La cúpula del IMSS se mantuvo en sus cargos. La responsabilidad no se refiere sólo al componente civil o penal, sino a algo tan simple como “dar la cara”. Fallé, doy la cara, perdón, me voy.
¿Cuándo se va Fausto? Nadie creerá que termine su mandato, pero tampoco que renuncie antes de que Alfredo Castillo termine su misión, mucho menos se esperaría que en estos momentos se avergüence públicamente de haber dejado al estado en manos de Reyna, como debiera ocurrir.
Termino recordando, con preocupación, a Goethe en Fausto: “Cuando el juez no puede castigar, acaba por unirse con el culpable”.