El Congreso del Estado de Puebla recibió la iniciativa del gobernador Rafael Moreno Valle para abrogar la llamada Ley Bala, y la turnó a las comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Procuración y Administración de Justicia, de Derechos Humanos y de Seguridad Pública, para su estudio, discusión y en su caso aprobación.
El gobierno poblano busca echar para atrás la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado, luego que el pasado 9 de julio en la autopista Puebla-Atlixco, tras una manifestación, un niño falleciera por un disparo hecho por los uniformados, presuntamente con una bala de goma.
Entrevistado al respecto, el diputado Franco Rodríguez dijo que el proceso para elaborar un nuevo ordenamiento podría tardar hasta seis meses, pues ahora sí se planea realizar foros ciudadanos y solicitar la opinión de expertos en el tema para su elaboración, y no aprobarla en dos días.
El tema siguió en discusión en el Congreso estatal hasta las 6:45 de la noche, donde cada partido dio a conocer su posicionamiento, y ahora serán los diputados de dichas comisiones quienes comiencen con el dictamen.
La ley que regula el uso legítimo de la fuerza pública se empleó en dos operativos por la Secretaría de Seguridad Pública en los municipios de Tehuacán y Santa Clara Ocoyucan.
Las acciones judiciales del 2 y 9 de julio se realizaron sin diálogo de por medio, para desalojar a manifestantes de las juntas auxiliares de ambos municipios, quienes exigían la restitución del Registro Civil en sus localidades.
Inicia la Ley Bala
Durante el receso del primer periodo de sesiones de la LIX Legislatura, el 12 de mayo pasado, Rafael Moreno Valle envió a la Comisión Permanente una iniciativa en la que se contemplaba el uso discrecional de las armas de fuego por parte de policías estatales en contra de manifestantes, la cual fue bautizada como Ley Bala.
En los días previos a su discusión en Congreso, organizaciones civiles advirtieron de la gravedad de la ley que propuso el mandatario poblano, pues en un primer dictamen, los policías estaban autorizados para abrir fuego en contra de los manifestantes.
Ante los señalamientos, los diputados prohibieron el uso de las armas de fuego, sin embargo se aprobó la utilización de armas no letales, como el uso de las balas de goma, para dispersar las manifestaciones.
Aunque lo anterior fue aprobado por las comisiones unidas y avalado por 35 votos a favor del PAN, PRI, PRD, Nueva Alianza, PSI y Compromiso por Puebla; y cincos votos en contra del PT, Movimiento Ciudadano y Partido Verde Ecologista de México, el gobernador publicó una ley diferente a la presentada en el pleno, en la que reducía aún más las facultades de los policías estatales.
Falta de inteligencia policial causó tragedia en Atlixco
La falta de adiestramiento e inteligencia policial en el retiro de manifestantes de la autopista Puebla-Atlixco del pasado 9 de julio, fue la consecuencia de que la protesta se tornara violenta, causando lesiones a pobladores y policías, entre ellos, a un menor de 13 años quien a causa de las lesiones falleció el sábado pasado.
“El problema es que no podemos poner en igualdad de circunstancias a la ciudadanía con la autoridad, y poner en medio una ley o una defensa legítima cuando no se había identificado plenamente hacia dónde va el uso excesivo de la fuerza , de qué grupo o qué bando”, dijo Bernardo Gómez del Campo Díaz, maestro en Ciencias Penales y Criminalística.
En entrevista con 24 HORAS, el también consultor y presidente de la Asociación Civil Misiones Regionales de Seguridad señaló que los hechos violentos donde el menor habría resultado herido se derivan a que los recursos y protocolos con los que se cuentan para “contener y disuadir” una manifestación violenta no se llevan a cabo debido a fallas en la operación de las fuerzas policiales.
“Primero hay que conocer el origen de la marcha y contenerlas a través de diálogo o negociación. Se necesita adiestrar un cuerpo profesional de granaderos en técnicas de contención y dispersión, y sacudirnos la idea de que utilizar tanquetas de aguas, o dispositivos aturdidores son malos, porque son necesarios cuando una manifestante violento tiene un arma, o un petardo que daña a policías y ciudadanos”, sostuvo.
Aunque la controversia generada por el hecho de si efectivamente se utilizaron balas de goma, como acusan los pobladores de San Bernandino Chalchihuapan, o no, como ha refutado la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Gómez del Campo reiteró que debieron agotarse otros mecanismos que no implican el uso de armas de fuerza letal.
“Un petardo no le hace daño a una tanqueta pero sí mata a policías, y el agua como mecanismo para dispersar multitudes no ha matado a nadie. Debe haber un acto de autoridad, porque ya es costumbre que ahora en las marchas y manifestaciones la policía tiene que organizarlas, contenerlas y en algunos casos reprimirlas, cuando tendríamos que buscar las razones de la movilización y no llegar a un nivel de violencia”.
Ley Bala es una clara violación a la libertad de expresión: AI
El director ejecutivo de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz Rendón, sostuvo que la aplicación de leyes como la denominada Ley Bala en Puebla representan una “clara violación a la libertad de expresión, dando lugar a que no haya un protocolo del debido uso de la fuerza, lo cual podría generar más conflictos de ese tipo.
“Hay muy pocos candados para que la fuerza se ejerza de manera adecuada y por el contrario sí existen un manga muy ancha para determinar qué tipo de manifestación pueden ser contrarias al orden público”, sostuvo Quiroz Rendón en entrevista con 24 HORAS.
Ante dicha situación, generada a partir de dicha ley, el titular de AI México señaló que “los conflictos sociales se tiene que administrar, pero con protocolos muy estrictos”, y en el caso particular que originó la muerte del menor de San Bernandino Chalchihuapan, Perseo Quiroz exhortó a “una investigación seria e imparcial respecto a los hechos para que pueda hacerse justicia con una plena transparencia”.