La movilidad en la Ciudad de México

 

A esta fecha he entregado varios artículos, refiriéndome al “constituyente” y a la posible “Constitución” de la Ciudad de México, y quiero recordar que decidí escribir sobre algunos otros temas relevantes, que quizá  deberían tener un referente en la futura “Constitución”.

 

Así, he escrito sobre el tema del agua y el del desarrollo urbano, y hoy haré mención al asunto de la movilidad de las personas en nuestra capital y en su conexión con la zona metropolitana.

 

Una ciudad competitiva y productiva no puede entenderse sin movilidad ágil de sus habitantes, lo cual involucra no sólo tránsito, vialidad y transporte, suficientes y eficientes, sino también una planeación urbana adecuada. Pero, además, esas características que le dan viabilidad, a corto y largo plazos, la hacen también atractiva para la inversión y los negocios.

 

La falta de movilidad adecuada es, sin duda, un problema serio que disminuye el atractivo de la metrópoli, tanto para vivir como para trabajar, para el esparcimiento y realizar actividades de muy diversa índole. Además, hay que considerar que como parte de los derechos ciudadanos se encuentra la movilidad, que en los últimos años se ha convertido en tema primordial en la agenda de las grandes ciudades. La deficiente planeación en este asunto ha dado como resultado urbes a punto del colapso. Por su parte, esa carencia afecta la calidad de vida de los habitantes, pues implica traslados largos, inseguros y costosos que, a su vez, afectan la productividad y el bienestar de las personas.

 

Estudios de la Organización de las Naciones Unidas estiman que en el año 2050, 70% de la población mundial vivirá en urbes, en las que, en su mayoría, el transporte es uno de los problemas más relevantes. Adicionalmente, en la Ciudad de México, el congestionamiento vial y los “embotellamientos” en las principales vías de comunicación se ven agravados por las marchas, plantones y protestas que, con mayor o menor dimensión, alteran de continuo a la capital, cuyas autoridades confunden el derecho de expresión y de protesta, con la tolerancia absoluta y la falta de aplicación de la ley ante manifestaciones de todo tipo, incluso de encapuchados o de provocadores abiertos, quienes impiden el ejercicio de otro derecho igualmente importante, el de libre circulación que muchos vemos violentado cotidianamente.

 

Todo ello también tiene repercusiones en la calidad del aire y, por ende, en la salud de todos y en nuestro derecho a un medio ambiente sano.

 

La posibilidad de circular, por supuesto, está vinculada estrechamente a la disponibilidad de transporte eficiente, suficiente, limpio, seguro y oportuno, que no es la nota común en nuestra metrópoli. Más bien, al contrario.

 

Al respecto, cabe mencionar que en la Zona Metropolitana del Valle de México, en la cual está inmersa nuestra capital, alrededor de 30% del total de viajes diarios se realizan en automóvil privado, y más de 65% se hacen en transporte público concesionado de baja capacidad, como combis, microbuses, camiones suburbanos y taxis; alrededor de 10% se traslada en sistemas integrados de transporte público masivo, como Metro (1,623 millones de viajes en 2015), Metrobús, tren ligero y trolebús; y porcentajes reducidos, en motocicleta y bicicleta.

 

Los costos del pasaje en transporte público dentro de la urbe representan alrededor de 12.5% de un salario mínimo, lo cual afecta más a familias de bajos ingresos. Así, la conclusión es que el transporte es malo y caro, además de que resulta todo un reto desplazarse en transporte público en la ciudad, especialmente para personas con alguna discapacidad, adultos mayores y mujeres, que en muchas ocasiones sufren maltrato, discriminación y violencia; 90% de las denuncias en módulos de seguridad del Metro se refieren a violencia contra ellas.

 

Pero, además, lamentablemente el servicio está saturado, sobre todo en horas pico, lo cual implica riesgos y pérdida de tiempo para los pasajeros, pues en muchos casos pasarán varios trenes antes de que puedan abordar.

 

En cuanto a los autobuses de diferentes rutas, sufren igualmente de mal mantenimiento, se mueven desordenadamente, invaden de continuo carriles que no les corresponden, la velocidad de circulación es alta y si un pasajero o un automovilista se queja, a los teléfonos indicados, la respuesta es pésima. Con ello contribuyen al desorden urbano, a los accidentes y a la contaminación del aire, pero no a aligerar la movilidad.

 

Parece que la Ciudad de México requiere con urgencia de un diseño completo de transporte colectivo, basado en estudios técnicos, análisis de origen-destino, conexiones entre diferentes tipos de transporte, sistema de semáforos, eliminación de topes excesivos, suspensión de desviaciones no anunciadas y de cierre arbitrario de calles y un esquema moderno del programa Hoy No Circula, que contribuya a desahogar el tráfico y a mejorar la calidad del aire de la metrópoli, entre otras cosas.

 

Laicidad. Me congratula el reciente pronunciamiento de cuatro rectores de importantes universidades públicas, entre ellas mi alma mater, la UNAM, por “un Estado laico y por los derechos humanos”. Comparto también la posición manifestada por el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, de que “defender el Estado laico no es oponerse a las instituciones religiosas, es simplemente reivindicar el principio histórico que da identidad al Estado”. Confío en que el Congreso de la Unión se manifieste en defensa del principio de laicidad del Estado.