El gobierno de Estados Unidos inició los trámites para integrar la solicitud de extradición a México contra el ex gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba y el empresario Fernando Cano Martínez.

 

La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Texas solicitó ayer a la Corte de Distrito de Brownsville, copias certificadas de la orden de detención contra ambos ex funcionarios tamaulipecos, en la que se les acusa de conspirar en 11 delitos, entre ellos, lavado de dinero, importación de cocaína y marihuana, declaraciones falsas a instituciones financieras, fraude bancario y encubrimiento.

 

Con esos documentos el gobierno estadunidense integrará la petición de “extradición formal a Estados Unidos, (porque) México requiere como parte del paquete de la extradición de tres copias certificadas de la orden de detención”.

 

De acuerdo con los registros de la Corte se le dio trámite a la petición, porque “Estados Unidos busca la extradición del acusado, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Fernando Alejandro Cano Martínez, para su procesamiento en este caso”.

 

Esta es la acusación más importante que existe en contra de un ex gobernador mexicano, ya que en ella se asegura que durante más de una década Tomás Yarrington traficó drogas y lavó dinero a favor de cárteles mexicanos.

 

La acusación que fue erradicada el 22 de mayo del año pasado en la Corte del Distrito de Brownsville, pero se hizo pública en diciembre pasado y en ella se asegura que el ex funcionario empezó a trabajar para el Cártel del Golfo a finales de los años noventa, cuando era funcionario de Hacienda en el gobierno de Tamaulipas.

 

“Comenzó aproximadamente 1998 -establece la acusación-, convirtiéndose en una constante a partir de entonces, Tomás Yarrington Ruvalcaba era asistido por miembros corruptos de la policía del estado de Tamaulipas, que recibían sobornos por parte de las organizaciones de la droga que entonces operaban en Tamaulipas, entre ellos el cártel del Golfo”.

 

“Esos sobornos –añade– fueron recogidos por miembros de la policía del estado y  entregados para el control de Jesús Vega Sánchez (entonces secretario de Organización Política de Yarrington, meses más tarde líder estatal del PRI en Tamaulipas y quien moriría al en marzo de 1999) y Tomás Yarrington. Las cantidades  de sobornos por pago variaban, pero en total fueron millones de dólares”.

 

La complicidad del ex gobernador con el narcotráfico continuó durante toda su administración en el gobierno del estado, es decir de 1999 al 2004, periodo en el cual según los fiscales, se permitió el libre ingreso a Estados Unidos, a través de la frontera de Tamaulipas, de miles de toneladas de marihuana y de cocaína.

 

Para 1998, sostiene el documento, Yarrington “dirigió una conspiración” para adquirir un condominio de lujo en Isla del Padre, en Texas, operación que se cerró en diciembre de 1998, por un precio de 450 mil dólares, suma que fue pagada totalmente en abril de 1999, cuando ya era gobernador de Tamaulipas.

 

Pago por el inmueble, desde entonces y hasta 2012, cada mes 900 dólares por mantenimiento, utilizando cuentas bancarias en Wells Fargo y Lone Star. También cubrió los impuestos y reparaciones del departamento, a través de cuentas bancarias de uno de sus prestanombres, Napoleón Rodríguez, quien hace unos meses se convirtió en testigo protegido de la DEA y de PGR.

 

Al dejar la gubernatura, sostiene la acusación, Yarrington continuó colaborando aún más de cerca con varios cárteles en la entidad y fuera de ella, como el caso de los Beltrán Leyva, a quienes apoyó en el trasiego de droga desde el Puerto de Veracruz. También consolidó una red de lavado de dinero utilizando prestanombres con los que movilizó millones de dólares a través de bancos en México y Estados Unidos.

 

Rechaza defensa extradición

 

En un comunicado de tres puntos la defensa legal del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, negó que exista una solicitud formal de extradición en contra de su cliente, aunque reconoció que el Departamento de Justicia integra un eventual procedimiento de ese tipo.

 

“Lo que solicitó el gobierno americano es una copia certificada por triplicado de la orden de captura para agregarla al expediente de una eventual solicitud de extradición”, subrayó el abogado Joel Androphy.

 

Al igual que lo hizo en una conferencia en diciembre pasado, el litigante insistió en que su cliente es inocente pues “las acusaciones en su contra se han basado en pruebas ilícitas y en declaraciones de falsos testigos”.