A un día de vencerse el plazo constitucional para la aprobación de la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo Federal, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular con 80 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones la iniciativa por la que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

 

Tras seis horas de discutir el proyecto en lo general y analizar más de 32 reservas a diferentes artículos, que finalmente fueron rechazadas, los senadores aprobaron el nuevo ordenamiento referente al respeto y promoción de los derechos humanos de los menores de edad, por lo que este ha sido enviado a la Cámara de Diputados donde en un plazo de 30 días deberá concluir de manera definitiva el trámite legislativo.

 

Con la aprobación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se amplía el catálogo de derechos de los menores de edad, estableciendo así que tienen entre otros derechos a una vida libre de violencia, a la protección de la salud y la seguridad social; a la seguridad jurídica y al debido proceso. En el caso de los menores migrantes se estableció que estos tienen derecho a la atención por parte de las autoridades.

 

Asimismo se aprobó la creación del Sistema Nacional de Protección Integral con la finalidad de establecer políticas de protección de los derechos de los menores, el cual estará conformado por el presidente de la República, las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda, Desarrollo Social, Educación, Salud y del Trabajo; así como del titular del Sistema Nacional DIF.

 

También se avaló la integración de sistemas estatales y municipales de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

 

Estándares internacionales

 

Al presentar el proyecto la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Martha Elena García Gómez (PAN), aseguró que es está una ley con el enfoque más alto de estándares internacionales. Señaló que la iniciativa fue recibida con 114 artículos de los cuales se modificaron 100 y se agregaron otros 14 a fin de enriquecer la nueva legislación.

 

En ese sentido detalló que se fortaleció la iniciativa principalmente en relación a los derechos de los grupos vulnerables, como en el caso de los menores migrantes.

 

A nombre de la Comisión de Atención a Grupo Vulnerables, la senadora Hilda Flores Escalera (PRI), resaltó que con el nuevo ordenamiento se garantizan los derechos de una tercera parte de la población, casi 40 millones de niñas, niños y adolescentes. Además de fortalecer al DIF y a las instituciones encargadas de proteger los derechos de la niñez.

 

Por la Comisión Estudios Legislativos, Segunda, el senador Alejandro Encinas Rodríguez (PRD),  el Senado dio un paso legislativo importante. Destacó que con la nueva instrumentación se establece un marco legal garantista y no proteccionista de los derechos de la infancia. Sin embargo reconoció que el nuevo reto será garantizar la adecuada aplicación de la ley.

 

La controversia

 

Durante la discusión de la iniciativa preferente, el senador del PAN y presidente de la Comisión de la Familia, aprovechó para en el pleno del Senado, expresarse nuevamente en contra del aborto en nuestro país.

 

El senador se reservó el artículo 58 del proyecto relativo a la promoción de educación sexual para que los menores ejerzan de manera informada sus derechos sexuales y reproductivos, pues desde su perspectiva en este artículo se estaba promoviendo el aborto.

 

En respuesta, el senador Alejandro Encinas consideró que “traer a esta tribuna este tufo fundamentalista, fundado en una falsedad”, no ayuda a construir instrumentos para el desarrollo pleno de las niñas, niños y adolescentes. “Estamos en un estado laico (…) el interés general de la población está muy por encima de nuestras convicciones personales y de toda visión fundamentalista que quiere un pensamiento único para este país”, declaró.

 

Posteriormente las senadoras del PRI, Diva Hadamira Gastélum e Hilda Flores Escalera  aclararon que el artículo 58  “de ninguna manera significa que el decreto aprobado por la Cámara de Senadores establezca el derecho al aborto”.