Con la resistencia de una parte de legisladores de izquierda, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló ayer crear la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que permitirá saber el destino que hacen los actores políticos sobre el dinero público.

 

Sin embargo, mediante un artículo transitorio, los diputados blindaron transparentar el uso y destino de las propias partidas extraordinarias que recibirán hasta los últimos días de la presente legislación (31 de agosto), conocida como subvenciones.

 

Según el texto aprobado, el objetivo del nuevo instrumento legal es “garantizar el derecho a la información en posesión de quienes ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad de la Federación, los estados y los municipios”.

 

Este instrumento permitirá regular la organización y funcionamiento de lo que se conocerá como Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como las bases de coordinación entre sus propios integrantes.

 

La ley se compone de 216 artículos y 13 transitorios, y es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política, en materia de transparencia y acceso a la información.

 

En este sentido, el presidente de la Comisión de Gobernación, Abel Octavio Salgado Peña, explicó que con esta nueva Ley se termina cualquier privilegio para personas físicas, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos.

 

Precisó que se amplió el catálogo de obligaciones de transparencia a cargo de los sujetos obligados para pasar de 17 a casi 50, entre las que destacan las relacionadas con los montos destinados a gastos relativos a la comunicación social y publicidad oficial; los montos, criterios y convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes por cualquier motivo se les asigne o permita usar recursos públicos.

 

Y detalló que se incorporan figuras como la prueba de daño y la prueba de interés público para los casos que pretenda reservar información o deba ser pública; además, se establece la imposibilidad de invocar el carácter de reservado cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos, de delitos de lesa humanidad o, bien, cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción.

 

Para el legislador Fernando Belaunzarán (PRD) la reforma legal “es una revolución en la transparencia del país”, pues se conseguirá mucha información que antes era opaca. Ahora el IFAI será inatacable en sus resoluciones, pues “dependerá de que los consejeros estén a la altura de las circunstancias y efectivamente ejerzan su autonomía”.

 

La nueva norma fue avalada con 385 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, y fue remitida al jefe del Ejecutivo para su posterior promulgación.