Xalapa. El Congreso del Estado de Veracruz aprobó en lo general y en lo particular crea la Ley de Pensiones del Estado que dará viabilidad financiera y continuidad para otorgar las pensiones a los trabajadores de aquella entidad.

 

La iniciativa, que fue enviada por el gobernador Javier Duarte, destaca que el nuevo marco  fortalece el sistema pensionario y atiende las más sentidas demandas de los pensionados y jubilados del Estado.

 

En la exposición de motivos de la iniciativa enviada por el Ejecutivo Estatal, se advierte que la situación actual del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) se había complicado, ya que creció el número de pensionistas y en los próximos cinco años se incrementará en un número similar.

 

“El problema que existe es que por cada pensionado sólo está sostenido por 1.5 trabajadores en activo, cuando deberían ser 11 trabajadores como mínimo”, señala el documento.

 

La nueva Ley de Pensiones busca preservar los derechos creados por los trabajadores en activo, recuperar íntegramente la solidaridad intergeneracional y conservar la condición del esquema de beneficios definidos.

 

También, se disminuyen los requisitos para otorgar las pensiones de invalidez y muerte, pues se reduce el tiempo para obtener este beneficio, que era de 15 años de servicio, a tres, que beneficia a los trabajadores en activo, viudas e hijos.

 

Con la aprobación de esta nueva ley, se contempla la pensión por jubilación anticipada; si el trabajador no cumple con el requisito de edad que es de 65 años, se podrá acceder a este beneficio cumpliendo 60 años.

 

Para evitar que se generen compromisos que vulneren la viabilidad financiera de la institución, se pone ahora un tope máximo a las pensiones, que no podrán superar los 26 salarios mínimos. Asimismo, se garantiza el pago del Seguro Social a través del Gobierno del Estado para todos los pensionados.

 

A los pensionados actuales no se le vulneran los derechos ya adquiridos, mientras que los nuevos favorecidos, cuya percepción no exceda el monto equivalente a tres salarios mínimos elevado al mes, quedan exentos de la aportación del 12 por ciento de la jubilación o pensión.

 

Los trabajadores que cubran los requisitos para su jubilación o pensión al momento de la entrada en vigor de esta iniciativa, no se les afectarán sus derechos.

 

Del mismo modo, la movilidad de las pensiones se mantiene y los entes (Gobierno del Estado, organismos y municipios) incrementarán la aportación hasta el 20% del sueldo de los trabajadores en beneficio de estos mismos.

 

La nueva Ley garantizará aún más la seguridad social para los trabajadores, siendo solidario en caso de que el IPE no tenga la solvencia financiera para cubrir el pago de sus obligaciones.