El presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, consideró como una señal de prepotencia que lastima la buena diplomacia

Arely Gómez González, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), informó que, con la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la cantidad de funcionarios federales obligados a presentar su declaración patrimonial y de posible conflicto de interés, mediante la plataforma DeclaraNetPlus, pasará de 300 mil a aproximadamente tres millones.

 

 

Para la encargada de coordinar la implementación del nuevo Sistema, dicho sistema, que fue modernizado hace tres meses, “ha demostrado ser la herramienta que a lo largo del tiempo ha permitido generar certeza de las y los servidores públicos de la federación que presentamos cotidianamente nuestra declaración patrimonial y ahora, también, de intereses”.

 

 

En la actualidad, añadió, cada año 300 mil servidores públicos actualizan sus datos patrimoniales y de posibles conflictos de interés a través de dicha plataforma; sin embargo, con la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, la obligación se amplió a la mayoría de funcionarios de la Administración Pública Federal, con lo cual, la cifra incrementará a tres millones.

 

 

A su vez, la legislación prevé que los estados y municipios suscriban convenios para adherirse a la plataforma y presentar sus declaraciones de forma homogénea y bajo el mismo formato, ello ampliaría el uso de DeclaraNetPlus a una cifra todavía no cuantificada.

 

 

Durante la firma del Convenio de Colaboración entre la SFP, la Auditoría Superior de la Federación y Puebla, la Auditoría Superior del Estado y los organismos constitucionales autónomos para el Uso del Sistema DeclaraNet Plus en la entidad, señaló que todas las instituciones públicas del país enfrentan uno de los retos más importantes en la historia reciente: consolidar la confianza de la ciudadanía.

 

 
Sabías que…

 
La legislación reglamentaria del Sistema Nacional Anticorrupción  no eliminó el candado por el cual los funcionarios pueden decidir si hacen públicas sus declaraciones de bienes y conflictos de intereses. Es decir, aún queda a criterio de los servidores publicar sus datos patrimoniales u ocultarlos.