TIXTLA. Las autoridades mexicanas comenzaron a enviar policías a caballo y perros a la zona serrana de las inmediaciones del municipio de Iguala en busca de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, luego de que se notificó que los restos encontrados en las primeras fosas clandestinas no correspondían a ninguno de los alumnos.

 

También se analizan los restos contenidos en otro grupo de fosas también halladas en Iguala, a unos 200 kilómetros al sur de la ciudad de México y donde desaparecieron los jóvenes luego de ser detenidos por policías municipales y entregados a un cartel de las drogas.

 

Las tareas para intentar dar con el paradero de los estudiantes en una zona rural controlada por el narcotráfico podrían develar aún más horrores.

 

A medida que han avanzado las labores se han localizado más fosas que eventualmente podrían contener muchos más cuerpos que el número de alumnos desaparecidos.

 

Mientras el gobierno descartó que pertenecieran a alguno de los estudiantes los 28 cuerpos encontrados en cinco primeras fosas, surgieron las preguntas sobre quiénes son esas víctimas y cuántas personas en esa zona del sur de México han sido asesinadas de manera silenciosa.

 

La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero señaló en un comunicado que a la búsqueda en la zona rural de Iguala se sumaron policías a caballo para entrar a lugares de difícil acceso. También se incorporó a un número no revelado de perros de rastreo.

 

Además, la dependencia estatal señaló que se ha pedido la colaboración de la policía en seis estados cercanos a Guerrero, incluidos los vecinos Oaxaca y Michoacán y la ciudad de México.

 

El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, informó el martes que ninguno de los cuerpos de las cinco fosas era de los estudiantes.

 

“Hay una luz de esperanza de que están con vida”, comentó Clemente Rodríguez, padre de Cristian Alfonso, de 19 años, uno de los desaparecidos. El joven acababa de matricularse en la escuela Raúl Isidro Burgos, en la zona de Ayotzinapa de Tixla, una localidad en el estado sureño de Guerrero.

 

Los forenses siguen haciendo pruebas a los demás restos encontrados, y las autoridades han localizado una décima fosa común, señaló en una rueda de prensa el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. Además, fueron detenidos otros 14 policías locales que confesaron haber participado en la desaparición, para llegar a casi 50 personas detenidas, en su mayoría agentes.

 

Los últimos 14 son agentes de Cocula, municipio vecino a Iguala, donde se produjeron los enfrentamientos. Tanto el alcalde como el jefe de policía de Iguala siguen prófugos y están acusados de lazos con el cártel local, Guerreros Unidos, que se cree trabajó con la policía en la desaparición de los estudiantes. La pandilla controla el tráfico de drogas en Guerrero y Morelos.

 

Murillo Karam señaló que las autoridades aún no han identificado a los autores intelectuales o el móvil para el ataque, pero que la colusión entre fuerzas de seguridad y narcotraficantes podría ir más allá de un solo municipio.

 

El procurador aseguró que los trabajos de identificación de los primeros 28 cuerpos continuará para determinar quiénes son.

 

“Continuamos… para poder identificar los cuerpos y encontrar a sus familiares que seguramente los están buscando y poder determinar los delitos que se cometieron”, dijo la víspera.

MG