La notificación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo sobre el amparo que ganaron cuatro personas para el uso recreativo de la mariguana estaría lista antes de que termine este mes, dijo Fabián Aguinaco Bravo, abogado del grupo que interpuso el recurso legal.

 

El 4 de noviembre pasado, la primera sala de la Suprema Corte concedió un amparo a cuatro personas que integran la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (Smart) para que puedan consumir de manera lúdica la mariguana.

 

Ahora, explicó Aguinaco Bravo, lo que procede es que la Suprema Corte redacte un proyecto final de sentencia que hará llegar a un Juzgado de Distrito, instancia que tiene tres días para notificar al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que hagan válido el amparo.

 

“(La sentencia) recoge no solamente los votos a favor, sino también el que fue en contra. Esto (la redacción final de la sentencia y su entrega al Juzgado de Distrito) debe de ocurrir en fechas muy próximas, y sobre todo porque la señora ministra Olga Sánchez Cordero, una de las que votó a favor, deja el cargo el 30 de noviembre”, añadió el abogado.

 

Una vez notificado el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Salud, tendrá que hacer los cambios a la Ley General de Salud para que Smart pueda consumir mariguana legalmente, aunque el colectivo espera que la reforma quite las trabas para todos los ciudadanos mexicanos y no sólo a ellos.

 

Desde el fallo de la Suprema Corte, más personas han acudido a la Cofepris a solicitar permisos para el uso terapéutico de cannabis. Hasta la fecha, la instancia gubernamental tiene seis solicitudes, las cuales serán respondidas en máximo 90 días.

 

Para Aguinaco Bravo la respuesta ya está: la Cofepris negará los permisos porque la actual ley así lo marca. Pero eso no significa la derrota de estas personas, pues ellas tendrán la opción de recurrir a un juez para obtener un amparo como el de Smart.

 

El abogado recordó que a ellos les tomó más de dos años obtener el permiso. Primero recurrieron a la Cofepris que se les negó y de ahí fueron a un Juzgado de Distrito, en 2013, para después llegar a la Suprema Corte, donde permaneció en espera un año hasta que la Primera Sala finalmente emitió su sentencia a favor del amparo.