Los sistemas de pensiones representan una amenaza para la viabilidad financiera de las Instituciones de Educación Superior, alertó la Secretaría de Educación Pública (SEP).
De acuerdo con una revisión de los reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entre 2002 y 2014 el gobierno federal les ha inyectado más de 8 mil millones de pesos a entre 15 y 27 universidades públicas para que abatan sus déficits por el pago de pensiones.
Simplemente, el reporte para 2014 que entregó la ASF a la Cámara de Diputados revela que en ese año la SEP destinó dos mil 42 millones 138 mil 600 pesos para el Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES (Programa U081), el cual pretende apoyar a 15 Universidades Públicas de Educación Superior (UPES) para que paguen las pensiones de sus trabajadores jubilados.
En el marco de la inauguración de las mesas de debate “La legislación mexicana de educación superior”, en el Senado de la República, el titular de la SEP Aurelio Nuño Mayer señaló que es necesario buscar estrategias de financiamiento para garantizar la viabilidad de estas instituciones, sin afectar la economía del país.
“Uno de los retos clave de la educación superior es cómo vamos a financiar la Educación Superior y cómo le vamos a dar viabilidad financiera”, señaló el funcionario.
Durante el foro también se discutió la necesidad de actualizar las leyes vigentes para regular la oferta de Educación Superior, pues las que rigen actualmente la operación de más de tres mil instituciones (públicas, federales, estatales, privadas, multiculturales, tecnológicas, politécnicas normales y a distancia) datan de 1978 y en algunos casos desde la década de 1940.
Ello impide que las Instituciones de Educación Superior se adapten a los cambios que del mercado de trabajo, a las necesidades del país y garanticen la empleabilidad de sus graduados.