La joven Alondra Luna Núñez podría sufrir consecuencias de orden psicológico tras ser extraída por agentes de la Policía Federal para ser trasladada a los Estados Unidos con su supuesta madre, consideró el subsecretario de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián.

 

Me parece que el tema del apoyo psicológico es fundamental. Hay toda una serie de circunstancias que tienen que ver con este hecho, algunas previas, y seguramente algunas posteriores, porque también esta atención y esta fama efímera tiene, seguramente, consecuencias”, resaltó.

 

Previo al encuentro a puerta cerrada con legisladores federales, el presidente de la comisión parlamentaria, Heriberto Galindo Quiñones, consideró que el caso se debería de tratar como privado porque los Derechos Humanos “no es un asunto de la sociedad”.

 

“Subsecretario, ¿por qué una reunión tan importante se tiene que dar a puerta cerrada? –porque va a hablar de todo lo que le pregunten en cuanto salga (responde el presidente de la comisión legislativa). –¿Pero, no es un asunto de la sociedad? –No. Es un asunto de los diputados”, afirmó.

 

Sobre el caso de la menor Alondra, Campa Cifrián situó que el gobierno federal trabaja en dos líneas de acción en este caso: apoyo jurídico y atención psicológica.

 

“Nosotros estamos trabajando básicamente en dos temas: uno es el apoyo jurídico, para que la investigación se lleve hasta sus últimas consecuencias; y el segundo es uno que me parece fundamental, sobre todo después de haber conversado con el padre y con la niña el domingo”, sostuvo.

 

El pasado 16 de abril, agentes de la Interpol irrumpieron en una escuela secundaria de Guanajuato, para llevarse a la menor ante la supuesta madre, Dorotea García Macedo, quien desde los Estados Unidos la reclamó como su hija, pero pruebas de ADN demostraron que no lo era y la regresaron a su casa en territorio mexicano.  DM