Con la gran categoría que le caracteriza –respetuoso pero con toda claridad– el senador Juan Carlos Romero Hicks planteó su diagnóstico ante el novel secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer:
“A mitad del sexenio, la educación del país nos sigue preocupando… No estamos aún cerca de contar con una reforma educativa. Lo subrayo, la reforma educativa está pendiente; la reforma está en obra negra”.
Apuntó lo inexplicable:
“No podemos encontrar pretextos para explicar los pobres avances del sistema educativo nacional. Cuentan con el apoyo de los partidos políticos y de toda la sociedad; tienen las herramientas, tienen los recursos, pero no se han alcanzado los resultados deseados”.
Reclamó lo que tanto padeció Emilio Chuayffet al frente de la SEP y de lo cual el propio Nuño fue corresponsable desde la Oficina de Los Pinos –junto con el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda– a lo largo de los tres años de esta administración:
“Seguimos con el efecto Penélope. Y lo hemos dicho claro y fuerte, lo que la autoridad educativa y el Congreso tejemos de día, la Secretaría de Gobernación lo destruye de noche; no hay coordinación”.
Romero Hicks, ex rector de la Universidad de Guanajuato, ex director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ex gobernador de Guanajuato y actualmente presidente de la Comisión de Educación del Senado, posicionaba a su partido (el PAN) en el tema.
Desde la tribuna expuso y respondió a la vez –desnudando los supuestos logros obtenidos desde que se aprobó la reforma educativa– algunas de sus múltiples interrogantes:
¿La educación es sustancialmente mejor en México? No.
¿Las escuelas normales se han transformado? No.
¿Los maestros son mejores? No lo sabemos.
¿Los métodos didácticos son mejores? No, ni siquiera han cambiado.
¿Los planes y programas son mejores que hace tres años? No, siguen en revisión.
¿Los padres de familia participan más en la educación de sus hijos? No lo sabemos.
¿La Secretaría de Educación Pública entiende y respeta la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación? Hasta fecha reciente no.
¿Ocupamos un mejor lugar en las pruebas internacionales respecto a los países? Tampoco.
¿Los docentes cuentan con mejores herramientas para su trabajo? No.
¿El sindicato es transparente? Aún no.
¿Contamos con evaluaciones objetivas de las instituciones de educación media superior y superior? No.
¿Hay menos personas en la nómina cobrando sin realizar tareas educativas? No tenemos certeza.
¿Todas las plazas de nuevo ingreso se concursan? No, todavía hay algunas que se asignan por la Secretaría de Gobernación y en más de un estado al margen de la ley.
Y así se siguió el panista un buen rato, hasta que finalmente concluyó: “Me duele mucho decirlo, pero en materia de educación, el gobierno del presidente Peña no aprueba el examen de medio curso”.
En esta ocasión, en el recinto del Senado no había carteles en los escaños, ni se escuchaban adjetivos denigratorios. Era sólo la voz del catedrático –sin golpear el tono ni nada por el estilo– la que se alzaba ante más de una treintena de funcionarios que acompañaban a Nuño.
Pero aún faltaba. Siguió una clasecita para el nuevo secretario:
Nos han bombardeado de publicidad, aludiendo que se recuperó la rectoría de la educación… No debemos confundir el recuperar la rectoría del Estado con recuperar el supuesto control. No se trata de ganar el timón mientras se hunden las anclas, sino de dirigirlo para orientar la nave hacia nuevos mares.
¿Cambiar de capitán nos llevará a reorientar el rumbo?, preguntó Romero Hicks.
“No hay viento favorable para quien no sabe a dónde va”, respondió, recordando la frase célebre de Séneca.
Reconoció, eso sí, que veía “un nuevo ánimo” en la Secretaría; pero buenas intenciones, dijo, no son suficientes: “Pasar del silencio sin diálogo al reflector estéril, también sería peligroso”.
Nuño respondería a esto –y todo lo que se le plantearía en su comparecencia– anteponiendo una y otra vez, hasta el hartazgo: “Por instrucciones del presidente (Enrique) Peña Nieto…”
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GEMAS: El pintor Francisco Toledo instituirá la “Medalla al Mérito Político” –con forma de una oreja de latón, como los milagritos que se cuelgan a las imágenes religiosas–, como símbolo de la “sordera política” de los gobernantes.