Tiene sentido la propuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para enfocar la mira de las investigaciones sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa, ya no en Cocula y su famoso basurero, sino en Huitzuco (de los Figueroa).

 

Para empezar, ésta no es la primera vez que aparece en los expedientes el nombre de este municipio –el pueblo está a la mitad de una de las vías que conecta a la Autopista del Sol con Iguala– y la mención de que los estudiantes fueron llevados hacia esa zona.

 

Lo apuntaron distintos testigos en varias ocasiones a lo largo de las pesquisas. Pero no sólo eso. Dicha versión aparece desde la investigación inicial, la que realizó el ex fiscal del estado de Guerrero, Iñaki Blanco (y que fue despreciada por la Procuraduría General de la República).

 

Hubo versiones desde aquellas primeras semanas en el sentido de que los normalistas estaban en Huitzuco, que habían sido encerrados en una iglesia del pueblo y se escuchaban sus gritos pidiendo auxilio.

 

Otras voces narraron luego que escucharon lamentos y cerrajear de huesos en ese mismo lugar.

 

Tiempo después hubo una incursión de las autoridades –según se informó de manera muy escueta- y dijeron que no habían encontrado nada.

 

Sea como sea, el que a un año siete meses de la desaparición de los 43, la CNDH –por declaración de un nuevo “testigo clave”, “creíble”, y una suma de indicios- haya puesto de nuevo a Huitzuco en el centro de las posibilidades como destino de los estudiantes es algo así como “una vuelta al origen”.

 

Y sorprende porque hace sentido

 

Más ahora que, tras haberse puesto en duda la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula, las investigaciones de la Universidad de Innsbruck –presentadas hace 10 días por la PGR- no pudieron demostrar que los restos de ADN (tomados del basurero de Cocula y del río San Juan) coincidieran con los normalistas.

 

Hace sentido también ante las dudas manifestadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) de que los restos de Alexander Mora Venancio –único estudiante identificado de los restos recuperados de las bolsas halladas en el río San Juan- provinieran del basurero de Cocula.

 

Estudiante que, de acuerdo a las pesquisas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), iba en el autobús 1531 Estrella de Oro, detenido en el puente del Chipote en Iguala y que, según la CNDH, sería uno de los entre 15 y 20 normalistas subido a tres patrullas que aparecieron de la policía municipal de Huitzuco para ser llevados a su territorio:

 

“Allá que el patrón decida qué hacer con ellos…”, referiría el testigo clave de la CNDH que escuchó decir a uno de los policías.

 

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De nuevo asoma Rubén Figueroa.- Volvamos a Huitzuco. Miremos hacia dónde nos lleva esta propuesta –ya anotada por el GIEI en su informe preliminar- y que ahora retoma la CNDH con mayor precisión (en sus observaciones del año pasado sólo hablaba de investigar a “otras” policías municipales, sin mencionar concretamente a Huitzuco).

 

Huitzuco es la tierra de los Figueroa. Caciques cuya estirpe comienza con Rubén Figueroa Figueroa, quien fue gobernador de Guerrero de 1975 a 1981. El viejo Figueroa fue secuestrado (del 30 de mayo de 1974 al 8 de septiembre de 1974) por el grupo guerrillero comandado por Lucio Cabañas, un maestro rural de Atoyac de Álvarez. Así que durante su mandato desató una guerra sucia contra todo aquello que oliera a “comunismo” o a “guerrilla” que dejó a 482 desaparecidos, según cifras de la CNDH.

 

Su hijo, Rubén Figueroa Alcocer, llegó también a la gubernatura en 1993. Pero no concluyó su mandato. La matanza de Aguas Blancas –ocurrida el 28 de junio de 1995 y que dejó 17 campesinos muertos y 21 heridos- lo obligó a renunciar luego de que la Suprema Corte determinó que él dio la orden a la policía estatal para que detuvieran “a como diera lugar” a los miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).

 

A Rubén Figueroa Alcocer lo sustituyó en el cargo, por los tres años que faltaban, Ángel Aguirre Rivero. Y es, paradójicamente, a Aguirre Rivero –20 años después- a quien le estalla como gobernador (electo, esta vez, por el PRD) la tragedia de Ayotzinapa y se ve obligado a dejar el cargo el 23 de octubre del 2014.

 

¿Venganza divina?

 

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