Si un tema marca –y marcará– al gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de violación a los derechos humanos, es el de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre de 2014.

 

En su momento, el ombudsman Raúl Plascencia envió personal al lugar de los hechos y el 5 de octubre determinó tramitar el expediente como un caso de violaciones graves, valoración reservada a los hechos más serios en términos de violación a derechos humanos.

 

Han transcurrido más de 16 meses desde entonces y no ha sido resuelta.

 

¿Qué ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el caso Ayotzinapa?

 

A últimas fechas, al menos, esconder la cabeza.

 

Porque desde el 23 de julio del año pasado, día en que Plascencia emitió un informe referente al estado de la investigación realizada por la Procuraduría General de la República (cuyo titular era entonces Jesús Murillo Karam), la CNDH no ha vuelto a pronunciarse de manera formal.

 

En ese informe de “Observaciones y Propuestas” –no previstas en su ley, por cierto–, la CNDH evitó hacer recomendaciones a la investigación de la PGR que establecieran claramente si durante la indagatoria se habían violado derechos humanos.

 

El ombudsman nacional perdió la oportunidad de hablar, por ejemplo, respecto a la idoneidad de los peritajes para identificar los restos encontrados en el basurero de Cocula, o si había sido oportuna la intervención de las Fuerzas Armadas durante los hechos.

 

Tampoco se pronunció sobre si los presuntos responsables habían tenido una defensa adecuada o si fueron torturados.

 

En realidad, sus 32 “Observaciones y Propuestas” (26 de ellas a la PGR) no fueron más que obviedades: Integrar las fichas de identificación de los estudiantes desaparecidos; continuar con la búsqueda de los 43 estudiantes; obtener la georreferenciación y los datos generales de los celulares de varios normalistas, entre otras.

 

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El vuelco con el GIEI y González Pérez.- La investigación sobre los desaparecidos de Ayotzinapa y la llamada “verdad histórica” de Murillo Karam dieron un vuelco el 6 de septiembre de 2015 (a casi un año de los sucesos).

 

Fue cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló categóricamente que los normalistas desaparecidos no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula.

 

La respuesta de la CNDH, todavía con Plascencia al frente, a lo único que acertó fue a señalar que daba la bienvenida a la emisión del informe, que contenía ¡muchas coincidencias! con el documento emitido semanas atrás por el ombudsman y que la investigación seguía abierta.

 

Dos meses después, noviembre de 2015, Luis Raúl González Pérez asumió como presidente de la CNDH. Lleva ya cuatro meses en el cargo y lo menos que se puede decir del nuevo ombudsman es que ha estado “ausente” del tema Ayotzinapa.

 

Y vaya que se habría requerido su postura. Por ejemplo, el 9 de febrero de 2016, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) concluyó que los 43 normalistas de Ayotzinapa no fueron quemados en el basurero de Cocula, como lo establece la investigación de la PGR.

 

Hasta ahora, la CNDH no se ha pronunciado respecto al informe. Tampoco ha determinado si se han violado derechos humanos en estos hechos.

 

El ombudsman nacional debiera pronunciarse respecto a la veracidad de los informes del GIEI y del EAAF.

 

Porque de ser ciertos, entonces hay decenas de personas recluidas en diversas prisiones acusadas falsamente de haber quemado los cadáveres de los estudiantes y probablemente torturadas para confesar su responsabilidad en los hechos.

 

Y de ser falsos, pondría en evidencia que, más que contribuir a establecer la verdad, los expertos extranjeros están interesados en fomentar una agenda política que rebasa el objetivo para el que fueron contratados.

 

En cualquier caso, el parsimonioso manejo que ha tenido la CNDH en el caso de los 43 normalistas desaparecidos no refleja una actitud de defensa oportuna de los derechos humanos.

 

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GEMAS: Obsequio de Francisco Cox, integrante del Grupo de Expertos Independientes sobre la desaparición de los 43: “Lo que llama la atención es la forma en la que se hacen las declaraciones en este país, donde no se muestran las preguntas”.