El Instituto Federal Electoral (IFE) se subió al debate de la retransmisión de contenidos de televisión abierta en sistemas de paga al advertir que en las leyes secundarias deben armonizarse las reformas político-electoral y de telecomunicaciones, esto para evitar que la retransmisión genere ventajas a partidos o actores políticos durante los tiempos de elecciones.

 

Un documento elaborado por el Instituto y entregado a la Secretaría de Gobernación, así como a las juntas de gobierno del Senado de la República y la Cámara de Diputados, señala los riesgos que podrían gestarse en las elecciones con el mandato constitucional de que los contenidos de televisión abierta sean retransmitidos por sistemas restringidos.

 

El también conocido como must carryy must offer ha generado un intenso debate entre las principales empresas de televisión del país, Televisa y Tv Azteca, las cuales se oponen al ordenamiento. Incluso la Presidencia de la República interpuso un recurso constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por ese tema cuando un juez del DF resolvió que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) no tenía competencia en el tema.

 

Los consejeros electorales entraron en la controversia al pedir al Poder Legislativo que “se definan los alcances y efectos electorales del must-carryy must-offer,  ya que una señal abierta que se retransmite en un sistema de televisión restringida, puede difundir contenidos electorales y propaganda gubernamental de territorios diversos”.

 

De acuerdo con el documento, que contiene diversas propuestas para corregir las deficiencias de la reforma electoral en las leyes secundarias, debe existir un mecanismo de coordinación entre los institutos Nacional Electoral, Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía.

 

A través de acciones conjuntas, considera el IFE,  “pueden verificarse el cumplimiento de las normas que regulen el  acceso a la radio y/o televisión (abierta o restringida), con fines electorales”, con lo cual, se blindaría que los candidatos aprovechen la laguna jurídica para sacar ventaja de sus contrincantes y tener un mayor acceso a los medios de comunicación.

 

Según los consejeros, en la pasada reforma electoral de 2007, el instituto electoral fue facultado como “la única autoridad responsable de administrar los tiempos del Estado en radio y televisión destinados a la propaganda de los  partidos políticos y a la difusión de campañas institucionales de las autoridades electorales.

 

A su parecer, a partir de esa reglamentación “disminuyó la influencia sobre las campañas del dinero y la capacidad adquisitiva  de espacios mediáticos. Así, el nuevo modelo de comunicación política ha cumplido su propósito de generar condiciones más equitativas para la competencia política”.

 

Por lo cual pidieron al Congreso que “la legislación secundaria preserve el espíritu de este modelo de  comunicación política y agregando que las restricciones en materia de acceso a radio y televisión con fines electorales sean extensivas a servicios de carácter restringido o de paga”.

 

En la legislación secundaria, apunta el IFE, debe incluirse “el régimen de prohibición aplicable a la propaganda gubernamental en el periodo que va desde las campañas hasta la jornada electoral”.

 

Además, “se recomienda establecer mecanismos de control para evitar que, a través de redes públicas de telecomunicaciones, se difunda propaganda electoral durante periodos prohibidos, incluidas previsiones que hagan compatibles las normas relativas al  must-carry y must-offer con aquellas relativas a los bloqueos.