La Comisión Investigadora de la Línea 12 en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal recomendará al Gobierno del Distrito Federal (GDF) no devolver los 489 millones de pesos reclamados por la Federación. La ALDF sugerirá intentar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) haga una reinterpretación legal y confirme el gasto de los recursos federales en la construcción de la Línea Dorada.
Después de una reunión con funcionarios federales de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el presidente de dicha comisión, Jorge Gaviño, señaló que durante el encuentro también se analizó la posibilidad de que el gobierno capitalino acuda a dicha dependencia federal, debido a que es la entidad que puede determinar las reglas de operación para los fondos -como el Fondo Metropolitano-, del cual salieron dichos recursos.
El asambleísta detalló que otra alternativa es que el gobierno capitalino acuda al Tribunal Fiscal de la Federación para no devolver el recurso no comprobado por las autoridades federales.
Una tercera posibilidad para resolver el problema es que las autoridades locales hagan el reintegro del dinero reclamado, aunque insistió que como representantes capitalinos sugerirán no devolver el monto.
Gaviño Ambriz también indicó que recomendarán al GDF que el recurso sea litigado tanto en la Secretaría de Hacienda como en los tribunales correspondientes para no devolverlo, pues pertenece a los capitalinos y por lo tanto debe ser usado en beneficio de la Ciudad de México.
“Nosotros, como representantes populares, estamos porque el recurso federal se invierta en la Ciudad de México y no se regrese a la federación”, manifestó.
Asesoría conjunta
En tanto, la ALDF acompañará al gobierno capitalino en todos los mecanismos legales y jurídicos a fin de evitar la devolución de los 489 millones de pesos reclamados por la Federación, desde acudir al Tribunal Administrativo hasta entablar un diálogo con la Secretaría de Hacienda.
El diputado local del PRD, Vidal Llerenas, calificó como “arbitraria” la petición de la Secretaría de la Función Pública para que el gobierno capitalino devuelva los casi 500 millones.
En un comunicado, el legislador local consideró que no es la primera vez que el gobierno federal busca mecanismos para restarle recursos a la capital del país.
Acusó que existen casos, como el del rancho El Pimiango, adquirido por el Gobierno Estado de México, en donde no se comprobó el gasto y tampoco hubo señalamientos ni sanciones.
“El gasto de los 489 millones es un tema de etiquetado de recursos federales que fueron usados para pago de infraestructura de la Línea 12, por ello la petición de devolución es un intento más para que la ciudad tenga menos recursos y los capitalinos pocas posibilidades de desarrollo”, denunció.
Respecto a la compra del rancho El Pimiango, el perredista agregó que el informe de la Auditoría Superior de la Federación 2011 señala que en el Proyecto de Adquisición, al cual se le asignaron 125 millones de pesos, se verificó que se efectuaron tres pagos por 65 millones de pesos; sin embargo, la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado de México no comprobó con qué recursos fueron pagadas, ya que la cuenta de ese proyecto no registró transferencias ese año.
Exige PAN diagnóstico de todas las líneas
El grupo parlamentario del PAN en la ALDF urgió a las autoridades capitalinas y del Sistema de Transporte Colectivo Metro realizar un diagnóstico exhaustivo sobre las condiciones técnicas y operativas en las que se encuentran las 11 líneas que integran esta red de transporte.
Lo anterior, para detectar posibles fallas y solucionarlas, a fin de no poner en peligro la operación del Metro y la seguridad de los usuarios.
El diputado local, Orlando Anaya, acusó que todas las líneas del STC-Metro presentan fallas, por lo que “es urgente realizar un estudio pormenorizado para descartar cualquier situación de peligro que ponga en riesgo la vida de los usuarios, así como detectar cuales averías que afectan el servicio que se brinda a la población”.
Puntualizó que en dicho estudio se deberá determinar las condiciones técnicas en que se encuentran todas las líneas del STC, a fin de conocer su estado y poder llevar a cabo las reparaciones o el mantenimiento correctivo para garantizar el buen funcionamiento, tanto de los trenes como de las instalaciones del Metro.
“Las autoridades no pueden esperar hasta que ocurra un accidente para actuar. Se debe hacer un estudio exhaustivo que determine las condiciones de cada una de las 12 Líneas del Metro, para conocer su estado y poder llevar a cabo las reparaciones o mantenimiento necesario para garantizar el buen funcionamiento, pero sobre todo la seguridad de los más de 4 millones de personas que utilizan este sistema de transporte todos los días”, señaló.
El asambleísta acusó que desde el incremento tarifario de 2 pesos, efectuado en diciembre pasado, éste no se ha visto reflejado en mejoras que brinden un mejor servicio de transporte eficiente y seguro. Por el contrario, agregó, se han presentado fallas en su operación, las cuales urge esclarecer para poder darles una solución.
El legislador local señaló que otros fenómenos al interior de esta red de transporte, como el ambulantaje, aún persisten, pese a que erradicar este tipo de comercio al interior del Metro fue una de las promesas hechas por su director, Joel Ortega, al aumentar el precio del boleto de 3 a 5 pesos.