Pese a que había un plan para resolver la crisis penitenciaria en Nuevo León, particularmente en el caso del penal de Topo Chico, donde la semana pasada una riña dejo 49 muertos y una docena de heridos, el gobierno actual no actuó con celeridad, pues desde administraciones pasadas no hubo ni el interés, ni una estrategia para resolver el problema, acusó Martin Sánchez Bocanegra, presidente de la organización civil Renace.

 

“Desde la administración pasada estuvimos señalando de manera permanente que era urgente hacer alguna estrategia de intervención de seguridad en el penal de Topo Chico porque eran evidentes las deficiencias que se tenían en seguridad y atención de servicios para los internos y sus familias pero la verdad es que no hubo nunca una atención ni estrategia, ni inversión que pudiéramos pensar que tuviéramos alguna esperanza de que las cosas cambiarían”, señaló.

 

En entrevista con 24 HORAS, el presidente de la fundación enfocada en temas de reinserción social y acceso a la justicia reconoció que el gobierno, que hoy encabeza Jaime Rodríguez Calderón, sí se tenía una estrategia para mejorar las condiciones del penal pero los alcanzó el tiempo, “y la bomba estalló” de una serie de problemáticas que se venían arrastrando desde hace décadas que por negligencia y falta de interés de la autoridad no se les había puesto atención.

 

De acuerdo con Sánchez Bocanegra lo que hoy debe hacer el gobierno del estado es actuar con mayor velocidad en todos los proyectos que desde la administración de Rodrigo Medina se habían quedado paralizados. Sobre la situación del multihomicidio en Topo Chico refirió que “lo que decimos es que el gobierno se tardó porque no hubo la celeridad adecuada”.

 

A decir del activista, actualmente tanto los penales de Apodaca como el de Cadereyta  están bajo el control del gobierno, y aunque hay apoyo por parte del gobierno federal, es la fuerza civil quien asume el mando de esos centros penitenciarios, al igual que el caso de Topo Chico en lo que tiene que ver con la parte de seguridad.

 

Incluso refirió que ayer mismo él acudió a una revisión al interior del penal donde el jueves pasado se registraron los hechos violentos, y constató que las modificaciones por mejorar el centro van en buen curso. “Se  está trabajando conforme a las recomendaciones, nos dio una visión de que ya tienen el control, y no solamente el control si no que ya se están  realizando las actividades laborales, de visita, de traslado, y de todo en orden”.

 

Recomendaciones

 

Entre las recomendaciones que previamente había hecho Renace al gobierno del estado, su director mencionó: el asumir el control de los centros a través de la redistribución de espacios, la distribución en el grado de agresión de los internos, el aumento de gente encargada de la seguridad en los penales, y la capacitación para estos mismos, así como servicio civil de carrera para que puedan tener gente suficiente.

 

Otro de los procesos que urgió a las autoridades para atender en el corto y mediano plazo es el destinar un reclusorio sólo para mujeres, contar con el personal técnico necesario en las áreas médicas, psicológicas y jurídicas de los centros, así como contar con una red para brindar todos los servicios  de salud a la población, y otros “problemas impresionantes que dejaron la administraciones pasadas”.

 

Aunque señaló que lo anterior implicaba una inversión de miles de millones de pesos pues se trataba de una lista enorme de pendientes de atención al sistema penitenciario. “Hay una necesidad de intervención de parte de los tres niveles de gobierno; otro problema que no entiendo es cómo en Nuevo León no hay una prisión federal, siendo que casi regularmente tenemos internos de mil 500, 2000 personas de fuero federal y necesariamente debemos de tener una prisión federal que cumpla con  todas las reglas  de seguridad”.

 

Proyecto en Mina hubiera evitado tragedia

 

La cancelación que se dio en la construcción de un penal de máxima seguridad en Mina fue parte de los motivos que originaron que la situación en Topo Chico se saliera de control, según Sánchez Bocanegra fue el gobierno federal el que determinó suspender la obra, la cual estimaba una inversión de 4 mil millones de pesos.

 

“La autoridad federal detuvo la construcción porque el gobierno del estado (gobierno de Rodrigo Medina) no hizo las aportaciones que tenía que hacer, es decir la parte que le tocaba no la hizo y por esa razón se suspendió. Creo que la Federación debió haber sido solidaria y corresponsable del buen funcionamiento de las cárceles y en esa ocasión no debió frenarse la construcción de ese penal que prácticamente se quedó en una barda perimetral, y que sin duda hubiera despresurizado al resto, y la tragedia (en Topo Chico) se hubiera evitado”.