Dice el coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones, que antes de aprobar la ley contra los delitos en materia de hidrocarburos que les envió el Senado, van a poner orden en el suministro comercial de gasolinas, pues una buena cantidad de establecimientos en todo el país no venden “litros de a litro”, lo que deja ganancias multimillonarias a sus dueños.

 

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El Jefe de Jefes recordó que el Pleno de la Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor a que garanticen que se suministre la cantidad correcta de gasolinas y diesel, y a que se sancione a quien abuse del consumidor. Bueno, eso es como “pedirle peras al olmo”, dirían los consumidores, pues ninguna de las dos instituciones tiene los recursos técnicos, humanos, administrativos para supervisar a todas las gasolineras del país. Además, se sospecha que en muchos casos existe contubernio entre los verificadores oficiales y los dueños de los expendios; aquellos dan el “pitazo” de que los van a visitar y arreglan las bombas despachadoras y les dan su calcomanía de “buena conducta”.

 

Beltrones afirmó que en tanto se apruebe y promulgue la ley para prevenir  y sancionar los delitos cometidos con los hidrocarburos, la autoridad debe adoptar medidas urgentes que garanticen el abasto de combustibles dentro de los cauces debidos. Y tiene razón.

 

De hecho, la ley para prevenir y sancionar los delitos cometidos en contra del patrimonio nacional en materia de hidrocarburos, cuya iniciativa fue aprobada por el Senado y enviada a la de Cámara de Diputados, tiene tantos agujeros por donde se pueden meter los delincuentes organizados y desorganizados, que tal vez por eso el diputado Beltrones la metió un ratito a la “congeladora”.

 

Para empezar la iniciativa de la susodicha ley la presentó el senador Omar Fayad Meneses, quien de la materia no sabe gran cosa, dicen sus detractores, no del PAN ni del PRD sino del mismo PRI. Y tal vez tengan razón pues propone cosas tan absurdas como “imponer penas proporcionales a las cantidades de hidrocarburos que se sustraigan, iniciando con una mínima de cinco años de prisión cuando la cantidad sustraída no rebase los 300 litros y una máxima penalidad de 35 años de prisión a partir del robo de 30 mil litros (equivalente a una pipa)”.

 

Obviamente no se trata de minimizar la problemática, pues, como señala el senador Fayad, es delicada y preocupante por el incremento en el robo de hidrocarburos sustraídos mediante “tomas clandestinas” a lo largo de los aproximadamente 68 mil kilómetros de ductos: De 155 tomas clandestinas detectadas en 2000 pasó a dos mil 612 en 2013 (en 2014 ya va en tres mil según datos oficiales); el número de personas detenidas por el robo de hidrocarburos y sus derivados, a pesar de la dificultad que tiene la detención en flagrancia, fue de casi mil en 2013 contra 27 en el 2000. La diversificación de delitos que se cometen en la materia, como el transporte ilícito y la falsificación de documentos y otros no considerados en las leyes vigentes como los delitos en altamar no se consideran como graves; tampoco existe proporcionalidad de las penas con las conductas delictivas.

 

La pregunta obligada es: ¿Cuántos meses se tardarán la Secretaría de Economía y la Profeco en poner orden para que entonces los diputados puedan aprobar la ley contra los delitos en materia de hidrocarburos?

 

¡Nadie sabe!

 

AGENDA PREVIA

 

Los contribuyentes del DF que el día de ayer quisieron pagar su impuesto predial atrasado sin multas ni recargos y además a seis meses sin intereses se quedaron perplejos cuando obtuvieron su “formato múltiple de pago a la Tesorería” en el que se lee “NO APLICA (así con mayúsculas) para el pago a meses sin intereses”, y la cantidad era menor a la que decía: “Para uso EXCLUSIVO de pago a meses sin intereses”, y un renglón que especifica: “Porcentaje 8 Adicional”. ¡Una burla!