El delincuente michoacano conocido como La Tuta está ya en prisión. La “cereza en el pastel” que no pudo poner el ex comisionado Alfredo Castillo fue colocada por la Policía Federal mediante un operativo limpio, sin balazos de por medio, como producto final de una exitosa estrategia de inteligencia.

 

La aprehensión de Servando Gómez fue un logro que se reflejó abrumadoramente en los medios impresos y electrónicos, pero está por verse si el descabezamiento de la banda criminal de Los Caballeros Templarios servirá para reducir los índices de inseguridad y delincuencia en Michoacán.

 

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Sorprende, aunque de alguna manera se justifica, la entusiasta reacción del Presidente de la República, quien se refirió al asunto con la misma alegría que le hubiese provocado el aumento en el precio internacional del petróleo o el repunte de la economía nacional. “Es para México, sin duda, muy alentador saber que vamos en la ruta correcta, teniendo resultados y, lo más importante, que estas aprehensiones, el desmantelamiento de bandas y de organizaciones criminales permitan seguir avanzando en la estrategia que hemos definido y, sobre todo, seguir propiciando condiciones de mayor seguridad para todos los mexicanos”, dijo ayer Enrique Peña Nieto.

 

¡No era para tanto!, apuntan algunos observadores, pero la exaltación del primer mandatario ante el encarcelamiento del “delincuente más buscado” -Miguel Ángel Osorio dixit- da idea de la avidez oficial por tener buenas noticias que dar.

 

Es posible que los miembros de la clase gobernante -particularmente la que despacha en Los Pinos y en Bucareli– crean que con La Tuta tras las rejas podrá remontarse la empinada cuesta de la impopularidad del Presidente de la República y la desconfianza social. Es posible que los gobernantes y sus asesores crean eso, pero si es así estarían cometiendo un grave error de apreciación. Los triunfos mediáticos duran unos cuantos días y el respetable público los olvida pronto.

 

AGENDA PREVIA

 

El Instituto Nacional Electoral, INE, resiente hoy -como en su momento lo resintió su antecesor, el Instituto Federal Electoral, IFE- un vicio de origen que hace imposible que actúe con autonomía e imparcialidad: el mecanismo de selección-elección-designación de sus integrantes, que corre a cargo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

 

Es decir, los encargados de organizar, operar, vigilar y sancionar todos los procesos electorales del país, y de garantizar que los partidos políticos no se salten las trancas para hacer de las suyas, son nombrados por los propios partidos políticos en San Lázaro. En pocas palabras: la Iglesia en manos de Lutero.

 

Así las cosas, es ocioso exigir a los miembros del INE que se comporten como si de verdad fueran funcionarios públicos con libertad de criterio y de acción. En realidad, son subordinados -en lo oscurito- de los partidos cuyos diputados los seleccionaron como parte de sus cuotas.

 

Por consiguiente, cualquier intento de algún consejero electoral para ejercer, aunque sea mínimamente, su libre albedrío político en contra de la voz del amo es aplacado de fea manera..

 

¡Y  nosotros que estábamos tomando en serio algunas palabras del Lorenzo Córdova contenidas en su “carta abierta a los diez partidos políticos”!, exclaman los desilusionados. Dice aquel en la mencionada cartita, entre otras cosas, lo siguiente: “el proceso electoral es uno de los muy pocos elementos que pueden producir confianza, participación amplia e inyectar aire fresco en la sociedad mexicana”.

 

El coordinador de los diputados que integran el “chilorio power” del PRI, Heriberto Galindo Quiñones, será el nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. El legislador priista se ha significado por su interés en la protección de los derechos de los migrantes, sobre todo la de sus paisanos con quienes tiene un estrecho vínculo.