La nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular se encuentra en riesgo debido a que empresarios, socios de casas de ahorro y funcionarios federales cabildearon con el PRI y el PAN para evitar que se aprobara el pasado jueves, reveló ayer la diputada federal Lilia Aguilar.

 

“Fueron algunos dueños de cajas de ahorros y de sociedades financieras, que son accionistas, los que vinieron a mecer la cuna el día martes a eso de las nueve de la mañana para detener este dictamen de Ficrea, argumentando el tema del quorum y me parece que es importante que la Mesa Directiva diga porqué decidió bajarlo”, acusó La legisladora petista.

 

Detalló que las modificaciones a la también conocida como Ley Ficrea, aprobada en el Senado de la República, provocarían limitar los márgenes con los que ahora se mueven estos prestadores de servicios.

 

“La Ley de ahorro y crédito y la modificación al Código Penal lo que hace es que estos negociazos estén acotados bajo reglas que cuando menos algunos bancos tienen que cumplir y cuando menos algunas sociedades que prestan servicios financieros, entonces estos dueños de sociedades financieras vienen y utilizan sus vínculos con algunos diputados para venir y detener este dictamen, que me parece que tiene elementos positivos”, denunció.

 

Ante estos señalamientos, el líder de la fracción del PAN, Ricardo Anaya, se limitó a señalar que hoy conocerán el punto de vista de los integrantes de la mesa directiva, que preside Julio César Moreno.

 

“Lo que hemos acordado es esperar a la reunión de mesa directiva, para que podamos ser informados de la razón por la cual se retiró del orden del día de la sesión del jueves, a qué organizaciones es a las que se está escuchando y cuáles son las conclusiones que hasta este momento existen”, explicó.

 

Por separado, Miguel Alonso Raya, coordinador del PRD en San Lázaro, afirmó que el grupo parlamentario del PRI solicitó en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) diferir el debate de la legislación, a fin de dialogar con los propietarios de las cajas de ahorro popular que temen la desaparición del sector.

 

“Lo que quiero dejar claro y lo que todo mundo expresó aquí en la reunión (de la Jucopo) es que la ley sale, y sale en esta semana, sin lugar a dudas. Quien solicitó que bajara de la orden del día (del jueves pasado) fue en concreto, compañeros del PRI a petición de las sociedades de cooperativas y cajas de ahorro”, señaló.

 

Sostuvo, sin embargo, que el consenso y el compromiso de las fracciones legislativas en San Lázaro es discutir y aprobar el proyecto de Ley será esta misma semana, aunque no definió la fecha.

 

El proyecto, consensuado por diputados y senadores, prevé crear fondo económico de hasta mil 700 millones de pesos para indemnizar a los pequeños ahorradores defraudados por Ficrea, y aunque originalmente se planteó votarlo desde el pasado jueves.

 

 

 

Acuerdos siguen vigentes: Padierna

 

La senadora Dolores Padierna Luna, vicecoordinadora del PRD en el Senado, afirmó que el acuerdo para aprobar la iniciativa la Ley de Ahorro y Crédito Popular –incluidos los artículos transitorios relativos al pago de ahorro a los defraudados–, sigue vigente y se hará antes del 30 de abril.

 

La legisladora perredista sostuvo que, tal y como se acordó en el grupo de trabajo bicameral que da seguimiento al caso Ficrea, el proyecto será aprobado esta semana en San Lázaro, a fin de que el Senado de la República también lo avale la próxima semana.

 

“Se tiene que aprobar en este periodo de sesiones para que a partir de mayo comiencen los pagos al 80% que tienen ahorros menores a un millón de pesos (…) sale esta semana de Cámara de Diputados para que la Cámara de Senadores lo apruebe la próxima semana. En el Congreso no está el problema”, señaló.

 

La senadora perredista considero que el Poder Legislativo debe pensar en una solución más generosa, no solo para el 80% de los afectados, sino para los más de seis mil 800 ahorradores defraudados.