En México hay zonas, como Jalisco, donde existe el riesgo de caer en Estado fallido. Hay estados donde ese riesgo sí se ha materializado y ha causado un enorme daño a la sociedad, como Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, revela el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C. (CCSPyJP).

 

A través del estudio titulado “Jalisco, la amenaza del crimen organizado y las políticas públicas para conjurarla”, destaca que los delincuentes han pasado del esquema nacional e internacional del narcotráfico, a la violencia de los grupos criminales y su tendencia a cometer otros delitos de los que se hagan de “rentas” como la extorsión, el secuestro o el robo de hidrocarburos.

 

Los primeros síntomas de deterioro aparecen cuando los delitos del fuero común se disparan, las autoridades permiten que surjan grupos armados dedicados, en principio, a eliminar a sus rivales, las fuerzas policiacas son infiltradas y las autoridades municipales o estatales se subordinan a las órdenes del crimen organizado.

 

En el caso del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) los delincuentes presentan una conducta desafiante y agresiva ante agentes del Estado que no se someten a sus designios o intentan capturar a capos, operadores y sicarios, señala el Consejo en el documento elaborado antes de los ataques cometidos en Guadalajara el 1 de mayo.

 

El estudio alerta que Jalisco presenta algunas de estas características. Los grupos de sicarios existen desde los años noventa y se volvieron más numerosos desde 2010, tras la muerte de Ignacio Coronel.

 

Por fotos y videos de reuniones que el propio CJNG ha difundido, se calcula que su grupo de sicarios podría estar constituido por entre 300 y 400 pistoleros, quienes poseen fusiles de asalto, ametralladoras calibre .50 y granadas propulsadas por cohetes como el RPG ruso utilizado el viernes para derribar el helicóptero Cougar del Ejército.

 

Además, en octubre de 2014 la Policía aseguró en Guadalajara dos talleres en los que se fabricaban fusiles de asalto.

 

Se calcula que el CJNG dispone de entre 300 y 400 sicarios más en los estados de Colima, Veracruz, Guerrero y Michoacán.

 

Otro elemento de esta fase de descomposición consiste en que los grupos criminales se infiltren en las corporaciones policiales y otras instituciones públicas que estén a su servicio, como al parecer sucedía en Michoacán cuando Servando Gómez, alias La Tuta, llamaba a funcionarios o gente cercana al gobierno para entablar acuerdos.

 

En Jalisco han sido detenidos policías por servir a los grupos criminales y en los municipios de Cocula y Casimiro Castillo, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz ordenó el desarme de los agentes bajo la sospecha de que servían al narco.

 

Para evitar que la amenaza de Estado fallido se cumpla, el Consejo recomienda enfocarse en resolver el problema de la existencia de brazos armados al servicio de narcotraficantes que desafían al Estado e implementar las medidas necesarias para tener un sistema de justicia penal íntegro, eficaz y eficiente.

 

En el análisis del estudio se hace énfasis en que permitir el aumento de delitos del fuero común facilita que los delincuentes se involucren en delitos de alto impacto, situación que vive Jalisco en la actualidad.

 

Por ello, resalta la importancia de que el Gobierno federal intervenga contra os grupos criminales y sus redes de protección, pero que no sea de manera superficial en el que repitan el esquema de poda, porque permite el surgimiento de nuevos grupos delictivos.

 

Hasta ahora, subraya el Consejo, la respuesta de los gobiernos federal y estatal no ha sido la de una acción para desmantelar al CJNG o su fuerza de sicarios, si no detener a los ejecutores materiales de esos crímenes; es decir, de reacción.

 

El CJNG está implicado en el robo de combustible y ha incursionado en la extorsión, el robo al transporte de carga, robo de vehículos, la minería ilegal y la tala clandestina.

 

Ante este panorama, Jalisco presenta una situación similar a la que en 2005-2006 presentaban Tamaulipas y Michoacán así como la Guerrero en 2011, advierten los especialistas.

 

También hubo violencia en Veracruz

 

Veracruz se vio sacudido este fin de semana por una ola de violencia relacionada con el crimen organizado, que dejó al menos una decena de personas muertas, informaron ayer fuentes oficiales.

 

Las autoridades estatales hallaron el domingo seis cadáveres con huellas de tortura sobre la carretera Xalapa-Veracruz, a la altura de la comunidad de Plan del Río.

 

Tres de los cuerpos fueron abandonados completamente desnudos y los otros tres en bolsas negras de basura amarrados con cinta, detallaron fuentes policiales y estatales.

 

Además, en la zona industrial de Córdoba-Orizaba, en la región montañosa central de Veracruz (este de México), tres personas más fueron asesinadas en distintos hechos.

 

Entre las víctimas hay un taxista asesinado por un comando armado en la comunidad de Potrero Nuevo, un comerciante del mercado municipal atacado por un sicario, mientras que una tercera persona fue localizada en un canal de aguas negras.

 

En el norte el estado, en el municipio de Poza Rica, también apareció asesinada María Teresa Parada Álvarez, de 31 años e hija de conocidos empresarios de la zona, quien había sido secuestrada días atrás.

 

Este estado del oriente mexicano es disputado hace años por la organización criminal Los Zetas y el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyos miembros han protagonizado en los últimos días bloqueos y enfrentamientos en los estados de Tamaulipas y Jalisco.