El sistema de justicia reciente tiene poco más de dos meses de haberse implementado en todo el país y muchos estados apenas comienzan a aplicar los nuevos lineamientos. En varias entidades hubo que acelerar los procesos para la implementación y, por lo tanto, aún están en la etapa de capacitación e incluso de la construcción de espacios y juzgados.

 

En esta construcción y evaluación que aún no concluye, el nuevo sistema está a punto de sufrir su primera crisis, pues se anunció que en octubre próximo desaparece la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, la llamada SETEC.

 

Quizás sería lógico pensar que una vez que se implementó y se puso en marcha el nuevo sistema, la SETEC tendría que desaparecer. Sin embargo, quedan muchas tareas pendientes, entre ellas el monitoreo de los recursos financieros hacia este órgano a cada uno de los estados.

 

Con la desaparición de la SETEC se termina con la evaluación y monitoreo de los estados, en los que se les daba una calificación de sus avances, de sus fallas y de los recursos financieros que les hacían falta.

 

Sí, el nuevo sistema de justicia entró en vigor el 18 de junio pasado, pero eso no significa que se haya terminado con la capacitación, la construcción de juzgados y con los varios pendientes que hay en el modelo de justicia en México.

 

Y pongo un ejemplo: apenas el 15 de junio pasado se aprobó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que busca reestructurar la administración y operación del sistema penitenciario, que hoy, como lo hemos visto en varios informes, se encuentra en crisis.

 

Hace dos meses se pensó en aprobar esta ley que tiene como principal función que los centros penitenciarios en realidad funcionen para una correcta inserción social. Pero lo que no se ha pensado es que con la desaparición de la SETEC no existirá un órgano autónomo e independiente que se haga cargo de la debida implementación de la nueva ley de ejecución penal.

 

Hoy también tenemos que pensar que en los próximos meses también están por definirse los presupuestos, y con la desaparición de la SETEC, estos recursos destinados a la implementación del nuevo sistema serán usados por los estados sin algún tipo de vigilancia; será como entregarles un cheque en blanco.

 

Y es que los estados no quieren una evaluación; los gobernadores y operadores buscan sacar provecho políticamente de los recursos obtenidos.

 

Hay voces entre las distintas organizaciones que afirman que con la desaparición de la SETEC se debe crear un órgano autónomo e independiente que esté monitoreando la capacitación de los operadores y el buen funcionamiento de un sistema que ha costado más de ocho años en implementarse.

 

Por el momento, en el gobierno no hay quién se haga responsable de la Ley Nacional de Ejecución Penal ni tampoco para poner en marcha la Ley Nacional para la Justicia Penal para Adolescentes.

 

El presidente Enrique Peña Nieto se había comprometido con el hecho de no desaparecer este órgano implementador, al menos hasta que existiera una evaluación que así lo permitiera.

 

Varias dudas quedan en este adiós. ¿Quién evaluará  a los estados, que es lo que venía haciendo la SETEC?, ¿quién estimula a los estados a que evalúen y mejoren sus prácticas?, ¿quién coordinará a las autoridades para que identifiquen los problemas en la operación y buscar respuestas? Y, sobre todo, ¿quién pondrá en evidencia a los estados con indicadores de funcionamiento de justicia malos?