En nuestro país, 57% de los menores infractores internados por delitos graves ha sido víctima de tortura por parte de policías federales, estatales y elementos del Ejército y la Marina, reveló la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
 
 
De acuerdo con el Informe Especial  Adolescentes: Vulnerabilidad y Violencia, para el cual fueron entrevistados 730 de los tres mil 700 menores privados de su libertad por homicidio, robo con violencia, secuestro y violación, dio testimonio del maltrato al cual fueron sometidos por autoridades de todos los niveles, sin embargo, no existe una sola denuncia formal al respecto.
 
 
Además, el estudio, elaborado en coordinación con el Centro de investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (ClESAS), revela que aquellos jóvenes que declararon haber pertenecido a grupos del crimen organizado (35% de los entrevistados) confesaron que fueron entrenados por “ex policías y ex militares”.
 
 
Elena Azaola, investigadora del CIESAS, detalló que en este subgrupo hay menores que ingresaron a las filas de la delincuencia organizada desde los 12 años de edad e, incluso, algunos de ellos entre los 16 y 17 años ocupaban cargos de mando.
 
 
“Los chicos y chicas involucrados con el crimen organizado ocupaban todo tipo de posiciones (…) incluso a los 16 o 17 años ya llegaba a tener mando, a tener personas a su disposición”, señaló.
 
 
Ante estas dos directrices incluídas en el reporte, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, señaló que en el primer caso la CNDH atenderá los testimonios obtenidos para valorar su proceder.
 
 
“A partir de este trabajo se han identificado todos estos elementos y, desde luego, no sólo por obligación sino por convicción y porque está en nuestro animo contribuiremos, la Comisión va a atraer estos casos”, afirmó
 
De acuerdo con la CNDH y el CIESAS, el reporte especial es un instrumento fundamental para que las diversas autoridades en sus distintos ámbitos y competencias puedan adoptar todas aquellas medidas legales, administrativas, de política pública y de cualquier otra índole para que se brinden mejores condiciones a niños, niñas y adolescentes internados en centros para menores.