La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó ayer que soldados del Ejército Mexicano asesinaron sin justificación alguna a un grupo de 22 supuestos delincuentes con los que se enfrentaron el pasado 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México.

 

Al anunciar la conclusión de la fase de investigación el titular de la PGR Jesús Murillo Karam señaló que los civiles fueron asesinados por tres soldados luego de que el intercambio de disparos ya había terminado.

 

“En un primer momento en efecto hubo un enfrentamiento entre el personal militar y un grupo de delincuentes que estaba al interior de la bodega (…) sin embargo, al cesar los disparos ingresaron a la bodega tres de los elementos militares y realizaron una secuencia nueva de disparos que no tiene justificación alguna”, dijo Murillo.

 

En ese contexto puntualizó que hoy mismo se procederá penalmente en contra de los tres soldados que ingresaron a la bodega por el delito de homicidio agravado, y se solicitará la orden de aprehensión al juez federal.

 

Respecto al resto del equipo militar su situación sigue bajo análisis, pero fuentes ministeriales indicaron que podrían ser acusados por lo menos de encubrimiento.

 

Los soldados involucrados acusados de homicidio podrían alcanzar penas de hasta 50 años de prisión si son encontrados culpables.

 

Cabe señalar que el grupo de militares que participó en el enfrentamiento continúa recluido en la prisión del Campo Militar 1-A, pero no se descarta su traslado a un penal federal, sobre todo de los acusados de homicidio.

 

Por separado, la Procuraduría de Justicia Militar acusó a los soldados de violaciones al Código de Justicia Militar, y un juez castrense ya determinó dictarles auto de formal prisión por esos ilícitos.

 

Enfrentamiento fue breve

 

De acuerdo con la narración hecha por el procurador, el enfrentamiento entre los agresores y los militares fue breve y no duró dos horas como señalaron algunas autoridades, entre ellas el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva.

 

Murillo explicó que el intercambio de disparos no duró más de diez minutos y posteriormente vino el homicidio de los civiles.

 

Mediante los peritajes de criminalística practicados y los testimonios recabados por el Ministerio Público Federal, se confirmó por lo menos la participación de seis elementos militares.

 

Tres soldados fueron los que ingresaron a la bodega donde estaban refugiados los civiles. Además de ellos, otros tres militares se quedaron fuera: el teniente que encabezaba al grupo, un soldado que resultó herido, y el chofer de la camioneta.

 

“Todavía estamos determinado la situación de otro militar, tenemos ahí alguna duda, pero estamos verificando este tema”, añadió Murillo.

 

Homicidio… ¿premeditado?

 

Autoridades federales indicaron ayer que un tema que continúa bajo análisis es el móvil por el cual los militares asesinaron a los civiles armados en la bodega de Tlatlaya.

 

Aunque inicialmente se presume que se habría tratado de una situación de abuso de la fuerza, existen irregularidades en los protocolos de actuación que no permiten desechar, al menos por ahora, otras hipótesis como una acción planificada o dirigida.

 

Murillo Karam dio a conocer ayer algunas de las inconsistencias del operativo militar que también generaron sospechas en la Secretaría de la Defensa Nacional.

 

Una de ellas es que el equipo de soldados adscritos a la 22 Zona Militar que participó en el incidente fue más reducido de lo que marcan los protocolos.

 

Para inspeccionar una zona en la que se tienen reportes de algún delito, sobre todo si se trata de un secuestro como supuestamente era el caso, se conforma regularmente un equipo de por lo menos 15 efectivos a bordo de dos vehículos.

 

Pero los que llegaron a la bodega en Tlatlaya no eran más de ocho y se trasladaron al sitio en una sola camioneta.

 

Murillo Karam señaló también que no se tiene conocimiento de que haya una grabación en video y audio del despliegue militar, como marca el Manual de Uso de la Fuerza del Ejército Mexicano para acciones como la desplegada en Tlatlaya.

 

Cabe señalar que en los últimos días han surgido voces que apuntan a que lo ocurrido fue más que un accidente.

 

Por ejemplo, el diputado federal del PRD por Guerrero, Catalino Duarte, dijo durante la comparecencia de Mutillo Karam la semana pasada en San Lázaro que la ejecución extrajudicial de Tlatlaya era una venganza por el asesinato de un oficial de la Armada hace unas semanas.

 

Otras voces como las de analistas de la organización especializada en crimen organizado InSight Crime apuntan a que los militares pudieron ser “pagados” por un grupo delictivo antagónico para que cometieran el asesinato.