El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) denunció que parte de la inversión pública está detenida debido a que los empresarios se niegan a pagar cuotas de 20%, 30% o 40% que les piden, principalmente estados y municipios, para asignarles obra.

 

El órgano privado recuerda que no es casual que la captación de recursos económicos en los estados y municipios se haya incrementado tanto, cuando no se han podido aplicar.

 

En este marco, el organismo encargado de realizar el análisis económico a la iniciativa privada de México señaló que los temas pendientes en el país son lograr un Estado de derecho, eliminar la impunidad, acabar con la corrupción y fortalecer la seguridad pública, así como consolidar un ambiente de confianza.

 

“La confianza de los inversionistas no sólo recae en la aprobación de las reformas, sino en un favorable entorno de negocios, en el que tengan la seguridad de que su capital está seguro y la posibilidad de rendimientos sea atractiva”, expone.

 

Agrega que desgraciadamente no se percibe un entorno que puede propiciar un fortalecimiento de largo plazo en la confianza empresarial, sobre todo cuando aspectos como la propuesta de Ley Anticorrupción resultó prácticamente una burla, por lo que tuvo que posponerse.

 

“Esto hace pensar que no hay intensiones o conciencia seria de la gravedad del impacto que puede tener un entorno de inseguridad, corrupción y la consecuente pérdida de confianza”, dice el Centro de Estudios.

 

La actividad económica sigue débil y prevalecen temas como inseguridad, corrupción, impunidad y ausencia de Estado de derecho, “al grado de convertirse en factores que pueden limitar el crecimiento, la confianza empresarial muestra señales de un nuevo deterioro”, menciona.

 

“La inseguridad, de acuerdo con la encuesta de los especialistas del sector privado, se mantiene como el principal factor que puede limitar el crecimiento, mientras que para la población mayor de 18 años es el que encabeza sus principales preocupaciones”, afirma el CEESP.

 

Resultados insuficientes 

 

Desde 2008 se iniciaron los esfuerzos con la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad que contaba con ocho premisas para enfrentar el entorno de inseguridad que se vivía, que desgraciadamente no tuvo el efecto esperado, detalla el organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

 

“La inseguridad siguió fortaleciéndose y ante esto en el 2012 se signó el Pacto por México, en donde se establecía que el principal objetivo de la política de seguridad y justicia sería recuperar la paz y la libertad disminuyendo la violencia”.

 

“Evidentemente estos esfuerzos no fueron suficientes si vemos los datos oficiales acerca de la inseguridad siguen mostrando una percepción negativa de la población”, concluye el CEESP.