La Procuraduría General de Justicia Militar inició 72 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada de personas entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de junio del 2014.
La mayoría de las investigaciones en contra de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional corresponden a ilícitos cometidos entre 2007 y 2014, denunciados por civiles. Sólo una indagatoria fue iniciada por hechos ocurridos en 1977.
En cada averiguación puede haber uno o más soldados señalados como probables responsables.
Las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia Militar, proporcionadas a 24 HORAS a través de una solicitud de información, indican que entre 2006 y 2012 fueron iniciadas 43 investigaciones mientras que en la actual administración, entre 2013 y 2014 fueron 29 averiguaciones previas por desaparición forzada de personas.
El documento describe que de estas últimas, 16 corresponden a actos ilícitos que supuestamente se cometieron en los primeros dos años del periodo presidencial de Enrique Peña Nieto.
A partir del 14 de junio de 2014, resaltó la Sedena en el oficio que respondió en cumplimiento a la resolución dictada por el recurso de revisión interpuesto al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información (INAI), se formalizó el procedimiento de declinar las indagatorias del fuero federal cuando las víctimas son civiles, de acuerdo con los criterios orientadores emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lo anterior significa que desde junio del año pasado, las denuncias por desaparición contra elementos del Ejército, serán investigadas por la autoridad civil.
La estadística entregada por la Sedena muestra las investigaciones iniciadas, pero no necesariamente todas terminaron en sentencia condenatoria.
Nuevo protocolo
El miércoles pasado entró en vigor el Protocolo Homologado para la Investigación de Tortura y el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada de Personas.
La Procuraduría General de la República publicó un extracto en el Diario Oficial de la Federación que servirá de herramienta para todas las instancias de procuración de justicia del país.
El objetivo de los protocolos es establecer los principios y procedimientos generales de actuación homologada y obligatoria para los agentes del Ministerio Público, servicios periciales y policías, herramientas que permitan localizar a las víctimas, aplicar sanciones a los responsables y garantizar que no se repitan estos actos.
También se establece que los funcionarios responsables de la investigación de ese delito, actúen en apego a los estándares internacionales de derechos humanos.
Se pretende que los protocolos permitan, sin distingo de competencia federal o local, investigaciones eficaces para las denuncias por desaparición forzada y tortura, la localización de las víctimas y castigo para las autoridades responsables.
El delito de desaparición forzada de personas se atribuye a funcionarios públicos, en especial de las corporaciones policiacas y fuerzas armadas.
En tanto, el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas da cuenta de 26 mil 29 casos, de los cuales 11 mil 110, es decir, el 42.68 por ciento, desaparecieron en esta administración.
La mayoría no han sido halladas y aunque hay decenas de fosas clandestinas en el País, casi ninguno de los cadáveres que fueron exhumados ha sido identificado.
- 16 investigaciones por desaparición contra el Ejército fueron iniciadas en los dos primeros años de esta administración
- 11,110 casos de desaparición forzada han sido documentados en el Registro Nacional de Personas Extraviadas durante la presente administración