Con una concentración en el Ángel de la Independencia, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) expresó su rechazo en contra de lo que llamó “la institucionalización de la violencia machista” y la “mirada adultocéntrica” con la que se abordan los casos de violencia en contra de menores.

 

Tras la violación y asesinato de la niña Valeria en el municipio de Nezahualcóyotl, así como del asesinato de los tres hijos de Mireya (la mujer que planeó un suicidio masivo para no ceder la patria potestad de los menores), ciudadanos e integrantes de esta organización expresaron su rechazo a la violación de los derechos supremos de la niñez.

 

Con pancartas en las que se leían reclamos como: “Rechazamos la violencia machista que ignora la palabra y el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes”, los manifestantes además leyeron una serie de demandas al gobierno federal: “#APeñaLePido presupuesto suficiente para atender a la familias; una política integral de prevención contra la violencia que vulnera a niñas, niños y adolescentes; y una reunión con organizaciones de la sociedad civil para revisar la agenda sobre el interés superior de la niñez”.

 

Desde la escalinata del Ángel de la Independencia Juan Martín Pérez, director ejecutivo de Redim expresó su indignación por los casos mencionados y por las omisiones de las autoridades en el procesamiento e investigación de estos.

FOTO: Daniel Perales

Sobre el caso de la pequeña Valeria, el activista exigió que se esclarezcan los hechos y la familia de la menor tenga acceso a la justicia y la verdad. “Estamos llamando a que se realice el acceso a la justicia y el conocimiento de la verdad para la familia de Valeria”, señaló no sin antes reclamar una sanción en contra de las autoridades del Estado de México que no iniciaron de manera inmediata su búsqueda una vez que fue reportada como desaparecida por su padre.

 

En el caso de los menores víctimas de un suicidio masivo, Juan Martín exigió al poder judicial a respetar el interés supremo de la niñez, y no resolver sentencias tratando a menores como “seres manipulables e incapaces”.

FOTO: Daniel Perales

ot